Recursos Humanos Digital. La Asociación Sindical Independiente de Profesionales del Ahorro (Asipa), la Federació d’Estalvi de Catalunya (FEC) y el Sindicato Profesional Independiente de Cajas de Ahorros del Mediterráneo (Sicam) han interpuesto un recurso judicial ante la Audiencia Nacional contra la actuación del Banco de España, el Ministerio de Economía y algunos gobiernos autonómicos en los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP) porque, a su juicio, quieren privatizar las entidades.
Los sindicatos, que representan a trabajadores de toda España en el sector de las cajas y que están adheridos a la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), señalan que detrás de la actuación del Banco de España «se encuentra una estrategia muy clara y evidente de convertir las cajas de ahorro en bancos privados y dividirlas progresivamente en acciones».
Las organizaciones hicieron pública hoy la interposición de un nuevo recurso judicial, como continuación del primer recurso presentado el 14 de junio ante el Tribunal Supremo, por considerar que «los procesos llevados a cabo en España en los últimos meses adolecen de importantes lagunas legales y de muchos defectos procedimentales».
Este nuevo recurso presentado ante la Audiencia Nacional, según explicaron los sindicatos, afecta a toda la actuación realizada por el Banco de España y el Ministerio de Economía quienes, «careciendo apenas de base legal para poner en marcha los SIP, han convertido en regla general una figura que en la normativa comunitaria originaria que los creó (2006) se preveía sólo para casos especiales y excepcionales».
De este modo, aquellas cajas que no resistan el tipo de interés tan abusivo que les impone el sistema de ayudas puestas en marcha en estos meses por el Banco de España, entre el 7% y el 9%, y en caso de no devolución, esa parte del capital podrá ser dividida en acciones y adquirida por bancos privados o incluso por inversiones extranjeras, según explican estos sindicatos.
Las organizaciones creen que existe un «claro» peligro de adquisición de las cajas españolas (después de un modelo social y ejemplar de más de 130 años) no sólo por los bancos privados, sino por inversiones extranjeras, que, además, «se someten a los mercados financieros internacionales y a las reglas de la especulación».
Ante esta situación, los recurrentes proponen que se reconduzca todo el modelo que se está configurando y se respeten algunos principios esenciales, como el carácter «irrenunciable» de cajas de ahorro a las entidades que resulten de cada fusión fría.
Asimismo, creen que debe reforzarse el papel de las obras sociales de las cajas y el papel de las cajas para canalizar inversiones públicas en servicios, actividades sociales y en infraestructuras que vertebren cada territorio. Los sindicatos también demandan el mantenimiento de los puestos de trabajo.
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