Recursos Humanos Digital. El Secretario General de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, en su comparecencia esta mañana en la Comisión Parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo para presentar las propuestas del sindicato en materia de pensiones, y ante las últimas medidas de ajuste decretadas por el Gobierno, ha señalado que ”la crisis económica, el déficit público y las actuaciones que necesita el sistema de pensiones en el medio y largo plazo, son debates diferentes”,
Según Toxo “Tanto la congelación de las pensiones en 2011 como el anuncio del retraso de la edad legal de jubilación a los 67 años han sido presentadas por el Gobierno como medidas necesarias para reducir el déficit público y salir de la crisis. Sin embargo, el Gobierno olvida que las pensiones se financian con cargo a cotizaciones sociales por lo que son autosuficientes y no generan déficit, al contrario el superávit de la Seguridad Social ayuda a reducir en términos de contabilidad nacional el déficit público”. “De hecho, la congelación de las pensiones tendrá como efecto el retraso en la salida de la crisis, al deprimir la capacidad de consumo de casi 8 millones de pensionistas que juegan un papel creciente en la demanda de bienes y servicios que generan empleo”.
Para el secretario general de CCOO el reto que sí debe abordar nuestro sistema de Pensiones radica en la evolución demográfica que extenderá sus efectos en unas décadas. La buena salud financiera de nuestra Seguridad Social (cuenta con un Fondo de Reserva de casi el 6% PIB) nos garantiza un margen temporal razonable para afrontar el debate de las reformas. Y ha insistido en la necesidad de que una vez que la Comisión del Parlamentaria haya realizado sus conclusiones, la Mesa de Diálogo Social se comprometa a alcanzar un acuerdo sobre las reformas necesarias en el menor plazo de tiempo posible.
Por último, Toxo ha presentado las ideas principales que, a juicio de CCOO, deberían centrar la reforma de las pensiones y que consisten en:
– Las reformas deben actuar de forma equilibrada sobre la estructura de ingresos y gastos, reforzando la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización y manteniendo la solidaridad del sistema para las personas que más lo necesitan.
– Profundizar en la “jubilación flexible” voluntaria como alternativa al retraso en la edad de jubilación a los 67 años, que ya está dando buenos resultados situando nuestra edad efectiva de jubilación en los 63,6 años, media que nos sitúa a la cabeza de la UE
– Defensa de la autonomía y sostenibilidad del sistema a través de su financiación básica y preferente con cotizaciones sociales, y en el que la actuación del Estado es garante, en caso de necesidad puntual, de las prestaciones garantizadas en el mismo.
– Promover comportamientos de cotización equilibrados e impedir los mecanismos de planificación personal, por ejemplo, ligando la cotización a los ingresos reales y limitando la posibilidad de elección de bases de cotización.
– Reforzar mecanismos de contributividad como el reconocimiento de las carreras de cotización superiores a 35 años, o mejorar las pensiones de aquellos trabajadores que pierden su empleo en la última etapa de su vida laboral.
– El cumplimiento de las materias pendientes del Acuerdo de 2006 (integración de los regímenes especiales agrario y de empleadas de hogar, y establecer un procedimiento general para la aplicación de coeficientes en la edad de jubilación de actividades penosas, tóxicas o peligrosas).
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