El IMAS contrata a cuatro personas con renta mínima para contribuir a reducir el paro entre los más asfixiados

Recursos Humanos Digital. El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha licitado los dos primeros contratos que incorporan una cláusula «social» mediante la que se dará empleo a cuatro personas que se encuentran en riesgo de exclusión. Desde el pasado 19 de mayo todas las empresas que quieran optar a un contrato con el IMAS a través de un proceso de concurso público deberán incorporar dicha cláusula.

Así, el IMAS está realizando el proceso de selección de estas cuatro personas que participarán en los trabajos de reforma de la Llar d’Ancians, en concreto, en la reforma de la cubierta de los pabellones y, por otro lado, en la mejora del interior de la sala de actos. Estas cuatro personas perciben en la actualidad la renta mínima, por lo que su situación económica es muy delicada.

De esta forma, un total de 15 empresas se presentaron al concurso para la adjudicación de los dos proyectos, resultando ganadora en el primero la empresa Pastor S.A. El importe licitado son 164.000 euros. Para el segundo proyecto (la reforma de la sala de actos) se ha reservado una partida de 87.528 euros y todavía no se ha resuelto cuál será la empresa beneficiada.

El conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Jaume Garau, y la gerente de la entidad, Teresa Suárez, dieron a conocer hoy estos contratos, con los que se pretende facilitar la incorporación de personas en riesgo de exclusión al mercado laboral.

Con la incorporación de estas cláusulas de carácter social el Institut Mallorquí d’Afers Socials se adapta a la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, que introduce la posibilidad de incluir consideraciones de tipo «social o medioambiental» en las licitaciones de las administraciones públicas.

Por tanto, desde el pasado mes de mayo todos los contratos licitados por el IMAS deben contener de forma obligada como «mínimo» un criterio social, eso es, el que mejor se adapte al tipo de trabajo a realizar. Estos criterios son, entre otros, la contratación de personas discapacitadas o vulnerables, la subcontratación con entidades sociales o solidarias o sin afán de lucro, la garantía de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la calidad en la ocupación, o la inserción sociolaboral, como es el caso.