1 de noviembre de 2024
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El subdelegado considera que sería «enormemente positivo» un sistema similar al PER en el Régimen General

El subdelegado considera que sería "enormemente positivo" un sistema similar al PER en el Régimen General

Recursos Humanos Digital. El subdelegado del Gobierno central en Jaén, Fernando Calahorro, afirmó hoy que sería «enormemente positivo» estudiar para el Régimen General de la Seguridad Social un sistema parecido al agrario en materia de desempleo, con el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios (Aepsa), como uno de sus elementos fundamentales que pone en valor las políticas activas de empleo.

Así lo indicó Calahorro en rueda de prensa tras la Comisión Provincial de Seguimiento del Aepsa en la que, entre otros asuntos, se analizó el último «ataque» al antiguo PER, en este caso, por parte del presidente de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero, unas declaraciones que, a su juicio, se deben al «desconocimiento».

En este sentido, apostó por realizar un «esfuerzo de pedagogía», puesto que normalmente «confunden el subsidio agrario con la renta agraria y con el actual Aepsa». Así, precisó que el primero se destina a afiliados a la Seguridad Social en el Régimen Especial (unos 137.500 en Andalucía, de los que el 62 por ciento son mujeres), cuyo coste total son 597 millones de euros.

La renta agraria, según dijo, es consecuencia de un decreto del Gobierno de José María Aznar que expulsó del censo agrario a 36.000 personas que no tenían derecho ni al subsidio agrario ni al PER y que supone 76 millones de euros en Andalucía. Finalmente, aludió al Aepsa como un medio dotado con 143 millones de euros por el que se generan proyectos gracias a los cuales hay «gente trabajado».

«Todo ello, conjuntamente, sirve para tener aproximadamente a unas 400.000 personas en Andalucía teniendo derecho, porque les corresponde por cotización como a cualquier trabajador, a un subsidio de desempleo por cierto muy pequeño: la décima parte del subsidio de desempleo normal, del Régimen General», señaló.

Además, y como uno de los elementos que más destacó, insistió en que en el caso del agrario no se trata de un subsidio inhábil, «en el sentido de que la gente lo recibe en casa, sino que la gente lo recibe y algunos días trabaja, con lo cual está cotizando a la Seguridad Social y pagando impuestos». «Por tanto, este sistema, si se estudiara y pensara en algo parecido para el Régimen General, sería enormemente positivo porque pondría en valor las políticas pasivas de empleo, las convertiría en políticas activas. Este sistema no es uno malo y en tiempos de crisis habría que estudiarlo para ponerlo en valor», aseguró Calahorro.

DESARROLLO

Igualmente, recordó que desde su creación en 1984 ha permitido generar rentas y empleo para el desarrollo rural, mantener la población en el territorio, complementar la estacionalidad entre campañas agrícolas y generar un complemento de renta importante, además de la puesta en marcha de numerosas proyectos en los municipios.

Así las cosas, el subdelegado consideró que declaraciones como las de Del Rivero son una «barbaridad que obedece al desconocimiento o a otros intereses» como podría ser enturbiar un poco más las negociaciones sobre la reforma laboral. «Es una equivocación como una catedral. Por ello, invitamos a Del Rivero o cualquiera a explicarle con números su tremenda equivocación y si no acepta es que tiene mala fe», apostilló.

Junto a este asunto, la Comisión Provincial de Seguimiento del Aepsa abordó el reparto de los 14,9 millones del programa de garantía de rentas entre las localidades jiennenses en función de su número de desempleados agrarios, cuyas cantidades oscilan entre los 22.542 euros que recibirá Hinojares y los 961.719 de Jódar. A este apartado se sumarán el de proyectos generadores de empleo, con 2,9 millones de euros, y el de fondos adicionales de 391.769 euros por parte de la Junta cuya distribución depende del Gobierno andaluz, de modo que en total la financiación asciende a 18,2 millones.

Sobre el primero, según apuntó Calahorro, se acordó un incremento del 6,5 por ciento con respecto al año pasado y poner en marcha una subcomisión que, de cara a la próxima convocatoria, delimite «un criterio común sobre cuáles son proyectos generadores de empleo», un punto que provoca una «discusión, a veces bizantina,» en el seno de la comisión. Sus componentes, por otro lado, también fijaron en 14 el mínimo de días de empleo para cada trabajador contratado.

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