Recursos Humanos Digital. UGT Cantabria va a comenzar a «armar ideológicamente» a sus sindicalistas para que hagan llegar a los trabajadores y al conjunto de la sociedad regional el alcance de las medidas que está adoptando el Gobierno central y la importancia de que la huelga general no fracase, porque si la convocatoria del 29 de septiembre «no es un éxito», surgirán «conflictos atomizados, sectoriales y locales» que pueden tener «consecuencias peores» que la huelga.
El Comité Regional del sindicato, máximo órgano de decisión entre congresos, reunido hoy, ya se ha puesto manos a la obra con los preparativos de la huelga. Su misión es explicar a los ciudadanos las medidas que está adoptando el Ejecutivo –no sólo la reforma laboral–, ya que sus consecuencias no se van a ver a corto plazo, sino a medio o largo plazo, y los trabajadores no las sentirán hasta que sean despedidos o firmen un contrato.
En rueda de prensa, la secretaria general de UGT Cantabria, María Jesús Cedrún, subrayó que la huelga está «suficientemente justificada», no sólo por la reciente reforma laboral, sino también por otras de las medidas adoptadas en los últimos tiempos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que responsabiliza de la ruptura del diálogo social por la «quiebra radical» de su discurso.
En el caso de la reforma laboral, Cedrún reconoció la necesidad de «reformas importantes» en el mercado de trabajo, pero rechazó cómo la ha planteado el Gobierno porque, a su juicio, «no sólo no favorece la contratación, sino que profundiza aún más en las facilidades para el despido».
Sin embargo, la dirigente sindical no cree que el despido sea el problema del mercado de trabajo español, como prueba el hecho de que en 15 meses se haya despedido en España a 3 millones de personas.
Además, mientras el Gobierno defiende que los trabajadores no sufrirán las consecuencias, porque el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se hará cargo del pago de ocho días, la dirigente de UGT criticó que lo que se hace es «abaratar» el despido para el empresario.
Cedrún también denunció que la reforma laboral consigue «dividir aún más» entre contratos temporales e indefinidos y «conduce a la temporalidad» a todas las personas que están ahora en el desempleo o que sean contratadas a partir de este momento, ya que «permite» acumular «hasta cuatro años» de contrato temporal para llegar a ser indefinido.
NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y EMPLEO PÚBLICO
Junto a esto, UGT también cuestiona la reforma de la negociación colectiva que se prevé abordar ahora porque, desde su punto de vista, «endurecerá aún más las condiciones de trabajo» en las pequeñas empresas, ya que se quiere «acabar» con la negociación sectorial a favor de la negociación en cada empresa.
El sindicato no comparte esa medida por las consecuencias que tendrá para los trabajadores en un país donde más del 80 por ciento de las empresas tienen menos de 25 empleados.
Pero Cedrún aún ve más motivos que justifican la huelga general, por ejemplo, el decreto sobre condiciones de trabajo y salarios de los empleados públicos.
En su opinión, ese decreto «deteriora de manera importante» la calidad de los servicios públicos, entre ellos la educación, la sanidad o los servicios públicos de empleo, al incluir también medidas que supondrán no cubrir bajas o reposiciones de jubilaciones, con lo cual menos plantilla tendrá que seguir realizando el mismo trabajo.
La secretaria de UGT rechazó además que la medida se intente justificar poniendo ejemplos como el de Alemania, donde se ha decidido recortar en 18.000 personas la cifra de empleados públicos. Y es que, según dijo, de los tres millones de parados que han engrosado las listas del desempleo en España desde finales de 2008, casi un millón seguramente trabajaban para la administración, que tenía «más temporalidad» que la empresa privada.
«DESAFÍOS» FUTUROS
Otras razones que, para el sindicato, inciden en la necesidad de la huelga, son los «desafíos futuros». Entre ellos, Cedrún aludió a las conclusiones que salgan del Pacto de Toledo en relación a la reforma de las pensiones, o el próximo proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, que incluirá «importantes recortes», como la eliminación de la prestación de 420 euros a los parados que han agotado todas las ayudas.
También se refirió a la ampliación de la edad de jubilación hasta los 67 años, que «está otra vez sobre la mesa» y supondrá «endurecer y abaratar las pensiones».
Así, explicó que la medida no pretende conseguir que se siga trabajando a los 67 años, porque la experiencia demuestra que en España se «expulsa» del mercado a los trabajadores antes de los 65 (edad actual), con lo cual lo que se consigue al retrasar la edad es descontar más de las pensiones por jubilarse antes de la edad estipulada.
«CAMPAÑA DE DESLEGITIMACIÓN» SINDICAL
La responsable de UGT insistió en la importancia de dar a conocer las consecuencias de estas medidas en un momento en el que los sindicatos (UGT y CC.OO.) están siendo «atacados» y sufren una «campaña de deslegitimación permanente», «bien organizada» y con «intereses concretos» desde la parte económica.
Según dijo, también está ocurriendo en Europa, pero en España se observa «con más virulencia» por las exigencias del mercado de «reformas duras y contundentes».
En palabras de Cedrún, los sindicatos son organizaciones «sin problemas y bien cohesionadas» y, por ello, «interesa debilitarlos y atacarlos», para lo cual, se está recurriendo al «desgaste en lo personal y en lo sindical» y se está intentando que la huelga general «sea un fracaso».
Frente a ello, recalcó que quienes atacan a los sindicatos «no se dan cuenta» de que «el descontento existe», los recortes irán «aumentando» y con ellos crecerá también ese descontento. «Nos podrán intentar callar, y probablemente puedan, porque tienen muchos medios. Pero si la huelga general no es un éxito, habrá conflictos atomizados, sectoriales y locales», que pueden tener «consecuencias peores» que la huelga, concluyó.
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