Hoy se cumplen ocho años de la última huelga general

Hoy domingo se cumplen ocho años de la última huelga general que vivió España, la que convocaron CC.OO. y UGT contra el ‘decretazo’ aprobado por el Gobierno del PP. Fue la primera y la única huelga general que los sindicatos le hicieron a José María Aznar.

Ahora, otro ‘decretazo’, el de la reforma laboral, será el causante de la primera huelga general que CC.OO. y UGT van a hacer a José Luis Rodríguez Zapatero y que está convocada para el próximo 29 de septiembre. Ésta será la sexta huelga general de la democracia y la quinta convocada por los sindicatos contra una decisión de un Gobierno socialista.

El primer paro general de la historia democrática española, convocado en solitario por CC.OO., tuvo lugar el 20 de junio de 1985 contra el recorte de las pensiones de jubilación aprobado por el Gobierno de Felipe González.

La segunda huelga general, que paralizó el país, fue convocada por CC.OO. y UGT el 14 de diciembre de 1988 para protestar contra el abaratamiento del despido y la generalización de los contratos ‘basura’ para los jóvenes. Tras el éxito de esta convocatoria, el Ejecutivo de Felipe González retiró la reforma prevista y elevó el gasto social.

CC.OO. y UGT le hicieron dos huelgas más a Felipe González: una de media jornada el 20 de mayo de 1992 por el recorte de las prestaciones por desempleo, y otra de 24 horas el 27 de enero de 1994 contra la reforma laboral diseñada por el Gobierno.

La quinta huelga general de la democracia fue el 20 de junio de 2002 contra un Gobierno del PP. José María Aznar, que llegó al poder en 1996, aprobó el llamado ‘decretazo’, por el que se modificaba la cobertura a los parados y se reducían los costes del despido mediante la eliminación de los salarios de tramitación. La norma fue cambiada parcialmente durante su paso por el Congreso unos meses después de la huelga.

Ocho años después, otra modificación en las normas laborales ha conducido a una nueva convocatoria de huelga. Tras meses de negociaciones fallidas entre el Ejecutivo y los agentes sociales, el Gobierno socialista de Zapatero aprobó el pasado miércoles una reforma laboral que, entre otras cosas, generaliza el contrato de fomento del empleo estable (indemnización de 33 días por despido improcedente), modifica las causas de los despidos objetivos económicos y facilita la flexibilidad interna de las empresas.

HUELGA EL PRÓXIMO 29-S

Los sindicatos interpretan que esta norma resulta ‘lesiva’ para los derechos de los trabajadores y han puesto en marcha la maquinaria que conlleva la preparación de una huelga general. La fecha elegida ha sido el 29 de septiembre, el mismo día en que se llevarán a cabo movilizaciones en diversos países a instancias de la Confederación Europa de Sindicatos (CES).

Aunque en un principio se había especulado con la posibilidad de que esta huelga se celebrara en junio, los sindicatos decidieron hacerla en septiembre para asegurarse de que el seguimiento será masivo, máxime tras la huelga de funcionarios que se convocó el pasado 8 de junio contra los recortes salariales y que, según el Gobierno, tuvo un seguimiento mínimo.

Las posibilidades de que los sindicatos consigan que la reforma laboral sufra grandes cambios durante su tramitación como proyecto de ley son escasas a la luz de las palabras del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, que ha declarado que el Gobierno «no dará marcha atrás» en su reforma pese a las protestas sindicales. Además, el Ejecutivo también ha advertido de que no aceptará enmiendas al texto que supongan una modificación sustancial de su decreto.

Con la huelga general del 20-J del año 2002, los sindicatos sí consiguieron parte de sus objetivos, pues el ‘decretazo’ de Aznar fue modificado parcialmente mientras la cartera de Trabajo pasaba de manos: Juan Carlos Aparicio, actual alcalde de Burgos, fue sustituido en el cargo por Eduardo Zaplana, quien, tras la derrota del PP en las elecciones generales de 2008, abandonó la política para pasarse a la empresa privada.

La huelga del 20-J se vio rodeada por el habitual baile de cifras que acompaña estas movilizaciones de carácter general. El Gobierno de Aznar cifró el seguimiento medio del paro en un 17% en toda España y lo calificó de «fracaso», mientras que los sindicatos, liderados entonces por Cándido Méndez y por José María Fidalgo, lo consideraron masivo y cifraron la participación en el 84%.

De aquel ‘decretazo’ se derivó lo que hoy se denomina ‘despido exprés’, modalidad por la que se han producido el 80% de los despidos en España en los últimos tiempos. Consiste básicamente en que el empresario, para no arriesgarse a que un juez determine como improcedente un despido que la empresa considera objetivo, en cuyo caso no pagaría 20 días de indemnización sino 45 o más, reconoce como improcedente el despido y paga al trabajador 45 días por año de servicio, ahorrándose los salarios de tramitación.

La CEOE ha subrayado que los empresarios se ven obligados a recurrir al ‘despido exprés’ porque las causas económicas que se definen en el Estatuto de los Trabajadores para los despidos objetivos no están nada claras y todo se deja al arbitrio del juez.

En su reforma laboral, el Gobierno de Zapatero ha modificado estas causas, de tal forma que para recurrir a estos despidos las empresas sólo tendrán que acreditar una «situación económica negativa». En todo caso, y al igual que ocurría antes de la reforma, será el juez el que decida si se cumplen las condiciones exigidas.