RRHH Digital. La directiva de la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, ha concertado con las consejerías de Empleo y de Agricultura y Pesca sendos encuentros, al objeto de debatir la financiación de las pre jubilaciones pactadas en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, –extremo del que se desliga el Gobierno andaluz–, y los expedientes incoados en cuanto a la localización de pescado inmaduro en las instalaciones del mercado central, toda vez que en la auditoría elaborada por la consultora ‘Deloitte’ sobre sus estados financieros ya figuraba una penalización de 1,5 millones de euros por tal aspecto
El consejero apoderado de Mercasevilla, el concejal socialista Alfonso Mir, informó a Europa Press de que el director general de la sociedad mixta, Juan Carlos Recio, tiene pendientes sendas reuniones con las cúpulas de las consejerías de Empleo y de Agricultura y Pesca en cuanto a ambos asuntos. En concreto, señaló que el encuentro con la consejería que dirige Clara Aguilera podría celebrarse la semana que viene, si bien aún seguiría pendiente de señalamiento de fecha el encuentro con los responsables de la Consejería de Empleo.
Juan Carlos Recio, así, habrá de tratar con la Consejería de Agricultura y Pesca los expedientes sancionadores incoados de forma subsidiaria contra la sociedad mixta por la localización de partidas de pescado inmaduro en las instalaciones del mercado central de abastos. La auditoría elaborada por la consultora ‘Deloitte’ sobre los estados financieros de Mercasevilla a fecha 30 de abril de 2009, de hecho, recogía la imposición de 1,5 millones de euros a consecuencia de tales procedimientos sancionadores, dirigidos contra el mercado central como responsable último del género depositado en su interior.
En cuanto al encuentro con la Consejería de Empleo, cabe recordar que el coste de las pre jubilaciones consumadas en virtud del expediente de regulación de empleo de 2007 se eleva a 9.046.976,95 euros como mayor losa financiera de la sociedad mixta, que recientemente se sometía a una operación «acordeón» de reducción y ampliación de capital para evitar una causa de disolución. Mientras el departamento de Manuel Recio niega haberse comprometido a financiar dichas prestaciones, tanto la empresa como el colectivo de aproximadamente 40 pre jubilados anhelan la participación de la Administración autonómica a cuenta de la envergadura de los costes.
EL CONFLICTO DEL ERE
Los pre jubilados, de hecho, cobran sus prestaciones mediante contratos de préstamo librados mensualmente por la sociedad mixta y en los que ellos mismos renuncian a la adquisición de cualquier derecho, si bien se trata de una fórmula eventual de pago a la espera de que se clarifiquen las responsabilidades contraídas en el ERE de 2007.
El comité de empresa, de hecho, ha hecho público un documento firmado el 29 de abril de 2008 por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, en el que la administración autonómica se «compromete» a abonar 1.891.637,83 euros para ocho ex trabajadores de esta compañía en el marco de una póliza. Tal extremo, según el comité de empresa, obligaría al Gobierno andaluz a participar en la financiación de las pre jubilaciones.
Cabe recordar, no obstante, que la auditoría externa elaborada por la consultora ‘Deloitte’ sobre las cuentas generales de Mercasevilla había reflejado que, aunque la documentación analizada incluía alusiones a la participación de la Consejería de Empleo en la financiación del ERE de 2007, no quedaba recogida la firma de ninguno de sus representantes legales en tales aspectos.
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