RRHH Digital. Los ministros de Trabajo y Asuntos Sociales de los 27 buscarán este lunes un acuerdo para comprometerse a reducir en 20 millones el número de personas que viven en la UE en una situación de pobreza o exclusión de aquí a 2020. De lograrse un compromiso, este objetivo pasaría a ser una de las cinco prioridades de la nueva estrategia económica de la UE para los próximos 10 años. La reunión estará presidida por el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.
El Ejecutivo comunitario propuso incluir la reducción de la pobreza como el objetivo más novedoso de la nueva estrategia económica de la UE para acentuar su dimensión social tras la crisis. Pero la mayoría de los Estados miembros lo cuestionaron en la pasada cumbre de marzo por considerar que es muy difícil de cuantificar.
Para lograr un compromiso, la presidencia española ha propuesto una definición más amplia de pobreza basándose en tres indicadores: las personas que viven con ingresos inferiores al 60% de la media nacional; las que están en hogares con todos los miembros en paro y las que experimentan situaciones de privación material.
Con esta definición más amplia, España pretende lograr un acuerdo sobre el objetivo de 20 millones menos de pobres en la UE. Ello supondría sacar de la pobreza en los próximos 10 años a 1 de cada 6 personas que se encuentran en situación de exclusión (16%). Una vez que se pacte un objetivo a nivel de la UE, cada Estado miembro deberá traducirlo en su propia meta nacional dependiendo de su situación de partida y sus circunstancias.
Los ministros de Asuntos Sociales debatirán además un informe sobre la situación de los sistemas de pensiones en la UE. El estudio alerta de que, pese a las reformas realizadas en los últimos años, la crisis económica y financiera ha agravado los problemas de sostenibilidad a largo plazo. Por ello reclama medidas para aumentar de nuevo la tasa de empleo y para retrasar la edad de jubilación.
Los ministros de Asuntos Sociales de la Unión Europea aprobarán además una norma para garantizar que los extranjeros que residen legalmente en un país de la UE y se trasladan a otro Estado miembro tengan los mismos derechos en materia de seguridad social que los ciudadanos europeos desplazados.
También darán su aprobación definitiva a la norma para equiparar la baja por maternidad de las mujeres que trabajan por cuenta propia a la que disfrutan las mujeres contratadas, que tiene una duración mínima de 14 semanas. Ello no afectará a España, que ya contempla 16 semanas de baja por maternidad tanto para contratadas como para trabajadoras por cuenta propia.
Además, los cónyuges y parejas de hecho que trabajan de forma informal en pequeños negocios familiares, como explotaciones agrícolas o consultas médicas, tendrán acceso a los mismos sistemas de protección social que los autónomos. La norma ya ha sido aprobada por la Eurocámara.
Finalmente, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, informará a sus homólogos sobre el estado de las negociaciones sobre la directiva de igualdad de trato, sobre la que ha sido imposible lograr un acuerdo durante la presidencia española.
La propuesta de la Comisión pretendía extender la protección contra la discriminación por motivos de religión, discapacidad, edad u orientación sexual a áreas fuera del mercado laboral (como la protección social, la educación o el acceso a bienes y servicios, como la vivienda).
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