RRHH Digital. La mayoría sindical de la empresa pública Correos, con el 75% de la representación sindical (CCOO, CGT,CSI-F, Sindicato Libre, ESK e Intersindical Valenciana), después de haber efectuado el análisis del anteproyecto de ley postal aprobado el pasado 14 de mayo en Consejo de Ministros, concluye que el Ejecutivo de Zapatero ha optado por una ley muy liberalizadora, que no incluye financiación ni plan estratégico de futuro, que da cobertura a la reestructuración de Correos y a la pérdida masiva de empleo en aras de una posible privatización puesta sobre la mesa en los días previos a la aprobación del anteproyecto.
E Anteproyecto de Ley Postal apunta a que la futura ley esconde más que enseña y trata de enmascarar una reconversión encubierta de Correos con reducción del servicio público y de pérdida de empleo. Frente a una ley liberalizadora que, a todas luces, trata de desembocar en una reconversión de Correos a corto plazo, la mayoría sindical continuará con el proceso de movilizaciones y con la convocatoria de huelga general en Correos en todas las provincias, del día 10 de junio, para exigir la ampliación del servicio postal universal, su financiación íntegra por parte del Estado, como contemplaba la versión protectora de la Directiva; el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias, el mantenimiento del empleo en un plan estratégico que, hoy por hoy, es inexistente y Correos como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión, elementos sin los cuales, la prestación se convierte en una condena para el operador y para sus tan sólo ya, 60.000 trabajadores.
7.000 empleos perdidos en los últimos años
Al recorte económico que viene padeciendo Correos, desde el tijeretazo en las inversiones de 2010 cercano al 50%, el déficit maquillado de 2 millones de euros con una empresa que se encuentra en quiebra técnica, el bloqueo del Convenio y Acuerdo desde hace más de 16 meses, una reducción de plantilla de entre el 10 y el 12%, 7.000 en los últimos años, de los que la mayor parte se han recortado desde 2008 con la excusa de la crisis económica, y la tentativa de privatización por parte del Ejecutivo, se suman ahora los recortes añadidos del Plan de Ajuste del Gobierno, que parece que ha tomado la decisión de llevarse por delante a Correos.
Para la mayoría sindical, el Gobierno, que ni siquiera ha hecho un gesto por defender la moratoria desde la Presidencia de la UE que ostenta, ha tomado en la ley una posición claramente liberalizadora, que apuesta por el mercado en detrimento de los derechos de ciudadanía y que eliminará definitivamente, el próximo 1 de enero de 2011, el servicio reservado a Correos poniendo punto final al exiguo monopolio que hasta la fecha era esencial para la financiación de la misma, y sin dar a esta empresa pública una alternativa financiera para abordar la apertura del mercado a miles de operadores.
El anteproyecto plantea un recorte del servicio postal universal limitando su extensión y empeorando sus condiciones de prestación, y la creación de un fondo de financiación que supone la retirada del Estado de la financiación del Servicio Público y el traslado de esa carga a los ciudadanos, usuarios y operadores, en lo que ya se puede llamar el co-pago postal. Con esta Ley el ciudadano pagará dos veces, vía IRPF y vía tasa (2% incremento en sellos). Para la mayoría sindical, sin inversiones, facilitando la entrada masiva de operadores privados, sin regulación de las condiciones laborales, la eliminación definitiva de la zona reservada a Correos, la reducción de las garantías de financiación en un marco de recesión económica y de nula voluntad de fortalecimiento empresarial de Correos, el marco para una reducción masiva de plantilla está servido.
96 empleos perdidos en la provincia de Valladolid
Los recortes se están notando en la provincia con una supresión global de 96 puestos de trabajo y la reposición de efectivos es prácticamente inexistente –supresión de empleo fijo-, lo que está provocando entre otros efectos, reparto irregular y falta de atención al ciudadano en las oficinas por insuficiencia de personal. El recorte del Servicio Postal Universal (SPU) que contempla la ley, supone la eliminación de plantilla de reparto y entrega, con lo que, en el mundo rural, el cartero dejaría de llamar a la puerta en muchas poblaciones y sería sustituido por buzones concentrados que aglutinarían a varios núcleos de población, obligando a los ciudadanos a desplazarse hasta ellos, y, en las ciudades, supondría la falta de reparto diario en miles de distritos y barrios.
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