RRHH Digital. Las organizaciones de la Alianza Española contra la Pobreza han hecho público un comunicado en el que denuncian el plan de ajuste diseñado por el Gobierno y aprobado por el Congreso: “Por su inviabilidad, por ceder a la presión de los mercados financieros y por asestar un duro golpe a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes, paradas y a los millones de personas que viven en extrema pobreza en el mundo. Los recortes sociales anunciados por el Ejecutivo representan una quiebra en el discurso del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha provocado un cambio de escenario político y social, que percibimos como permanente y no coyuntural, que puede provocar un conflicto social de largo alcance.
La reducción del 5% de los salarios a los empleados públicos, la congelación de las pensiones contributivas a partir de 2011, el endurecimiento de las medidas en materia de dependencia; la eliminación del régimen transitorio para la jubilación parcial y de la prestación por nacimiento; la reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo y de la inversión pública estatal son propuestas injustas y estériles que exigen una respuesta global y contundente. Son injustas porque atacan al conjunto de los sectores más perjudicados y estériles porque no ayudan a la recuperación económica.”
En su comunicado las organizaciones sociales reafirman la importancia de las políticas públicas en materia de derechos sociales y de la calidad de los servicios públicos. Esto exige de la sociedad y especialmente de sus responsables políticos el reconocimiento y la valoración de los empleados públicos por la labor esencial que realizan en áreas tan esenciales como la sanidad, la educación, la seguridad ciudadana, la atención a la dependencia,… España aún está por debajo de la media europea en cuanto a porcentaje de gasto público y número de funcionarios. Alterar unilateralmente los acuerdos suscritos y reducir sus salarios es el peor mensaje que se pueda enviar.
Consideran inaceptable el recorte de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) realizado. El gobierno incumple con ello el Pacto de Estado contra la Pobreza, suscrito también por todos los partidos políticos con representación parlamentaria, de alcanzar el 0,7% antes de 2012 y el compromiso europeo de destinar el 0’51% de su RNB en 2010 para AOD. Es igualmente muy preocupante e irresponsable la dialéctica de enfrentar las necesidades domésticas con las de los países empobrecidos. El impacto de la crisis generada por el Norte Financiero está siendo mucho mayor en los países más vulnerables a los que no se puede recortar la ayuda. Igualmente irresponsable y oportunista consideramos la petición de reducir a la mitad la AOD del principal partido de la oposición, el Partido Popular, firmante así mismo del Pacto de Estado contra la Pobreza; con ello ambos partidos demuestran que consideran las políticas de cooperación como un gasto público secundario y prescindible, en contra de lo que establece el consenso de la comunidad internacional.
La Alianza Española contra la Pobreza insiste en su comunicado en que la crisis no puede ser una excusa para que el Gobierno español incumpla su deber con los más empobrecidos que, recordemos, no han sido quienes han generado la crisis y, termina haciendo un llamamiento a la ciudadanía para que participe en las diferentes movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones firmantes del manifiesto.
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