RRHH Digital. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) propuso ayer que el Gobierno adopte un plan de contratación pública socialmente responsable en relación con la discapacidad, que favorezca la inclusión social y la accesibilidad a través de la compra y adquisición de productos, bienes y servicios.
Este plan contendría mandatos a todos los órganos de contratación de la Administración General del Estado para que incluyan de oficio cláusulas sociales en todas las licitaciones públicas.
El Cermi señaló que la actual ley sobre contratación pública permite a las Administraciones potenciar la dimensión social en las licitaciones, exigiendo condiciones de accesibilidad a productos y servicios, reservando directamente contratos a centros especiales de empleo o descartado de los procesos de adjudicación a las empresas que no cumplan la reserva legal de empleo para trabajadores con discapacidad.
Para el Cermi, «es imprescindible que la Administración central tome conciencia de toda la potencialidad social que le permite la Ley de Contratos del Sector Público, para una época de aguda crisis como la actual hacer de las licitaciones públicas una herramienta de las políticas de inclusión para personas con discapacidad».
El Comité señaló que algunos ministerios, como los de Defensa y Educación, ya están aplicando estas medidas, pero reclamó «un plan global que extienda estas buenas prácticas a toda la Administración del Estado».
Además, recalcó que Navarra ha aprobado recientemente una ley que reserva obligatoriamente un 6% de los contratos públicos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción, medida que el Cermi espera que se extienda al resto de comunidades autónomas y al Estado.
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