27 de noviembre de 2024
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COMFIA CCOO es contraria al cambio de modelo de financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo

COMFIA CCOO es contraria al cambio de modelo de financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo

RRHH Digital. Para Comfia-CCOO, modificar este sistema de financiación hacia un modelo impositivo supondría trasladar parte de esta responsabilidad desde los empresarios a la totalidad de la población.

Los documentos remitidos por el Gobierno sobre la revisión del Pacto de Toledo, planteaban la necesidad de reflexionar sobre si deben ser las cotizaciones sociales las que sigan soportando la financiación de la asistencia sanitaria por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que actualmente prestan las mutuas.

El motivo por el cual esta asistencia sanitaria se financia con cuotas sociales, ingresadas por los empresarios pero que se configuran como coste laboral, y por tanto como salario, está en el origen mismo de nuestro actual sistema de Seguridad Social, que establece que los daños en la salud originados por la actividad laboral son responsabilidad de las empresas

Modificar este sistema de financiación hacia un modelo impositivo supondría trasladar parte de esta responsabilidad desde los empresarios a la totalidad de la población, a la vez que una nueva rebaja de las cotizaciones empresariales, cuya tarifa por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional ha venido siendo reducida sistemáticamente por este Gobierno en los últimos cuatro años.

El traslado de la asistencia sanitaria por Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional, desde las Mutuas a los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas podría suponer un incremento exponencial del gasto público en prestaciones de incapacidad temporal. Con el actual sistema, la inexistencia de listas de espera permite reducir sustancialmente las  medias de duración de los procesos de Incapacidad Transitoria respecto de las que tienen los servicios de salud de las comunidades autónomas.

Comfia-CCOO considera que una presunta modificación de esta magnitud en nuestro sistema de Seguridad Social,  requiere de un análisis pormenorizado en el marco del Pacto de Toledo y de un gran consenso, porque transfiere al ámbito del gasto público unas prestaciones garantizadas hoy en el ámbito privado.
   

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