Recursos Humanos Digital. El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales, con representantes de todas las comunidades autónomas de España, reunido ayer en Mislata (Valencia), solicitó que la competencia para la sanción de las faltas graves y muy graves de los funcionarios que tienen a su cargo los controles internos de los ayuntamientos corresponda a la propia comunidad autónoma y «no se dejen en manos de los consistorios estos instrumentos que pueden ser utilizados como motivo de presión en el ejercicio de estos controles».
De esta forma, los secretario e interventores, junto a los Colegios Territoriales Valencianos que representan a estos funcionarios, ratificaron la solicitud ya formulada a las Corts Valencianes por los Colegios Valencianos, según informó el órgano en un comunicado.
El Consejo General expresó su «más rotundo rechazo» a la actual regulación y a la contenida en el proyecto de ley actual, ya que esta entidad considera que es «inexplicable e inadecuada en un momento en que la transparencia y los mecanismos de control deben reforzarse por el Estado y las comunidades autónomas para evitar la corrupción municipal».
Asimismo, entiende que «es necesario establecer las garantías necesarias para el ejercicio de estas labores de control con objetividad, imparcialidad y neutralidad evitando que se puedan producir presiones o coacciones».
El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales insiste en mantener una reunión por el portavoz del grupo parlamentario popular en las Corts Valencianes, Rafael Blasco, y no entiende «por qué, tras sucesivas y reiteradas peticiones», no les ha recibido.
El órgano de secretarios e interventores locales manifestó su deseo de que la Generalitat y los grupos parlamentarios de las Corts sean «receptivos» ante esta «justa reivindicación» cuya última finalidad, aseguró, «no es otra que la defensa de los derechos de los ciudadanos a una buena administración, eficaz, transparente y de acuerdo con la ley y los principios del estado de derecho».
Para esta entidad, «sin este ejercicio de responsabilidad por parte de la Comunitat no puede garantizarse el control interno de los ayuntamientos» y aseguró que la autonomía valenciana «no puede mirar para otro lado ante hechos como los que se han producido y pueden llegar a producirse en cualquier momento».
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA
Del mismo modo, este órgano expresó su «profundo malestar» por las «lamentables circunstancias» que acompañaron la notificación a la interventora del Ayuntamiento de Mislata de la apertura de expediente sancionador con suspensión de forma provisional de su plaza, por la supuesta comisión de faltas muy graves que «pudieran vulnerar el principio constitucional de presunción de inocencia», indicó.
El Consejo General de Secretarios e Interventores Locales está actuando en defensa de la interventora de Mislata y considera que su actuación «ha sido correcta, seria y profesional» y manifestó su «solidaridad» con la compañera expedientada por el alcalde de Mislata, Manuel Corredera.
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