RRHH Digital. En un clima social y político de absoluta impunidad, hace una semana la Corte Suprema de Justicia de Honduras despidió a 4 jueces, un defensor público y un fiscal tras expedientarlos por su posición de defensa de la democracia y de un sistema judicial que respete los mínimos derechos de los ciudadanos.
Los jueces despedidos son Tirsa Flores, Ramón Barrios, Luis Cháves y Guillermo López, que además es el presidente de la Asociación Jueces por la Democracia de Honduras. Junto a ellos han sido despedidos el defensor público Osmán Fajardo, y el fiscal Jari Dixon Herrera.
La situación de Honduras no ha mejorado, bien al contrario, después de las elecciones presidenciales que designaron a Porfirio Lobo como nuevo presidente del país. Una oligarquía formada por un escaso número de familias sigue controlando la economía hondureña, incluidos, por supuesto, los medios de comunicación que censuran cualquier tipo de información que ellos consideran inapropiada. La presión para hacer desaparecer cualquier tipo de contestación se evidencia en el asesinato de 7 periodistas en los últimos meses.
La separación de funciones de los jueces y sus compañeros es un hecho de una gravedad extrema por lo que supone de desprotección y socavamiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos que no se pueden sentir protegidos por un sistema judicial que encausa a los propios jueces por intentar hacer cumplir la Constitución y no seguir las directrices impuestas, manifestando su opinión sobre la situación de los derechos humanos y civiles en Honduras.
CCOO quiere denunciar estos hechos públicamente y los trasladará, además de a las instancias sindicales internacionales, al Ministro de Asuntos Exteriores, pidiendo que el gobierno español asuma una posición clara frente al gobierno de Honduras y le exija el respeto absoluto de los derechos humanos, civiles y constitucionales para sus ciudadanos.
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