RRHH Digital. Mañana, día 13 de mayo, a las 11.30 horas, tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción núm. 6 de Madrid, sito en Plaza Castilla núm.1, la toma de declaración como imputados e imputadas a 22 sindicalistas de la empresa Correos que conforman la mayoría sindical que se opone a la imposición de la Reforma postal que pretende el Gobierno.
Según la acusación, aquellos sindicalistas, entre ellos dirigentes de la Confederación Sindical y el propio Secretario General del Sector Postal de CCOO, han sido imputados por delitos de allanamiento de oficina pública, desobediencia y daños, porque el pasado 11 de marzo exigieron en el Ministerio de Fomento la apertura de una negociación real para evitar la desaparición del servicio público postal, el estrangulamiento financiero de Correos y la pérdida de miles puestos de trabajo. A pesar de que asistieron por la invitación a un almuerzo por parte de la propia Subsecretaría de Fomento, fueron expulsados por las Fuerzas de Seguridad.
Ante la falsedad de las imputaciones, la Confederación Sindical de CCOO denuncia que el Gobierno y Fomento han optado por la represión en lugar de por la negociación del futuro y de la viabilidad del servicio público postal y del operador público Correos y Telégrafos.
Desde la aprobación de la Directiva Europea Postal en 2008, y a escasos 7 meses de la liberalización completa del mercado postal (enero 2011), con Correos haciendo aguas y perdiendo empleo (6.000 empleos menos que hace dos años y 5.000 menos que hace un año), en estos dos años no ha habido ni una sola propuesta sobre la mesa y ni una sola reunión con los sindicatos respecto del futuro de Correos.
La Confederación Sindical de CCOO expresa su TOTAL RECHAZO a la represión de la libertad sindical por considerarlo un método del pasado, caduco, obsoleto y contrario a la democracia laboral. EXIGE que Fomento se avenga al diálogo social y EXPRESA SU TOTAL APOYO a la lucha y a las movilizaciones del colectivo postal. CCOO demanda al Gobierno que no pierda los papeles y que, en lugar de entablar acciones contra los y las dirigentes sindicales, retire la acusación penal y se siente a hablar del futuro del servicio público postal con la representación del colectivo afectado. Es su deber democrático y lo debe ejercer.
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