Recursos Humanos Digital. El presidente de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP) exigió hoy ante la Comisión No Permanente del Pacto del Toledo del Congreso la supresión de las «penalizaciones económicas» que soportan miles de personas «obligadas» a jubilarse antes de cumplir los 65 años que no considera justificados «en ningún caso».
«El incremento de la carga financiera que supone para el sistema, en modo alguno justifica que se apliquen reducciones acumuladas de hasta el 40% de la pensión», denunció Vicente, quien recordó que a los trabajadores que acceden a la jubilación anticipada involuntaria y cuentan entre 30 y 35 años completos de cotización acreditados, se les aplica un coeficiente reductor del 8% anual cotizado al llegar a los 65 años.
Entre 35 y 37 años, el coeficiente es del 7%, y un 6,5% entre 38 y 39 años. Para aquellos casos en que se superen los 40 años de cotización se aplica un 6%.
Según los cálculos de CEPYP, el coste financiero de la eliminación de estos coeficientes reductores no superaría la cifra de 3.000 millones de euros anuales, una cantidad «perfectamente asumible» cuando la Seguridad Social cerró 2009 con un superávit de 8,400 millones de euros.
COMPLEMENTOS A MÍNIMOS HAN HURTADO 250.000 MILLONES
En este sentido, Vicente denunció el uso que de los ingresos de la Seguridad Social «sin el conocimiento y la aprobación de sus legítimos titulares», a través del pago del complemento a mínimos que deberían financiarse vía Presupuestos Generales del Estado, pero que han restado casi 250.000 millones de euros al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, en un ejercicio de «apropiación indebida».
A su juicio, estas cantidades, que se seguirán abonando de la misma forma hasta 2013, deberían desembolsarse con cargo a los Presupuestos o, «en el peor de los casos» quedar reconocidos como deuda contraída para posibles situaciones futuras de reducción de la conocida como ‘hucha de las pensiones’.
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