Recursos Humanos Digital. El Gobierno regional y las seis universidades públicas madrileñas elaborarán un macroestudio, denominado Panorama Laboral de la Comunidad de Madrid en 2011 con el fin de obtener «información actualizada y contrastada» para poder anticiparse desde el Ejecutivo autonómico «a las necesidades futuras en el mercado de trabajo madrileño».
Así lo manifestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien firmó esta mañana con los seis rectores los nuevos convenios de colaboración que se llevarán a cabo este año para elaborar el macroestudio. Al acto asistieron todos: Carlos Berzosa (Complutense), Daniel Peña (Carlos III), Pedro González Trevijano (Rey Juan Carlos), Fernando Galván (Alcalá), Javier Uceda (Politécnica) y José María Sanz (Autónoma).
Para la presidenta, este estudio «es un instrumento eficacísimo de previsión» que va a servir al Gobierno madrileño para «definir políticas dirigidas a la formación profesional y a la orientación laboral, y para conocer la situación del mercado de trabajo en la región», y este año, es «más importante», añadió, por la «singular virulencia con que la crisis económica está golpeando al empleo» en España.
Este estudio se empezó a elaborar en el año 2002, y desde entonces hasta ahora, el año 2010, la Comunidad de Madrid lleva invertidos 6 millones de euros. En esta edición de Panorama Laboral, concretamente, se han destinado 740.000 euros para la realización de estas investigaciones.
UNA VEINTENA DE INVESTIGACIONES
Este informe, que incluye 19 investigaciones, contará con 11 equipos de profesores, dirigidos por académicos «de mucho prestigio» en las seis universidades públicas madrileños, que son «la garantía del rigor y de la independencia necesarias para que los resultados de este estudio sean plenamente fiables, como lo han sido hasta ahora», apuntó Aguirre.
La Universidad Alcalá de Henares se encargará de realizar una encuesta a más de mil empresas sobre las necesidades que tienen de formación de los trabajadores y va a analizar el nivel de cualificación de los mismos, mientras que a la Universidad Autónoma le va a corresponder estudiar el mercado de trabajo de 2009 y la previsión de vacantes de empleo para el año 2011.
La Universidad Carlos III de Madrid estudiará la situación de los parados de larga duración y el impacto de la crisis en los trabajadores inmigrantes, mientras que la Complutense analizará la situación de la población inmigrante, la productividad de las trabajadoras y la atención a la infancia como el nuevo yacimiento de empleo.
La Universidad Politécnica va a estudiar nuevas estrategias de aprendizaje e innovación educativa para fomentar el espíritu emprendedor y también va a definir las competencias que requieren las mujeres directivas para poder potenciar el liderazgo femenino en la Comunidad de Madrid.
Por último, la Universidad Rey Juan Carlos será la que va a centrar su trabajo en los sectores de los libros, la edición, las actividades artísticas y el entretenimiento. Asimismo, se encargará de analizar el mercado de los trabajadores no cualificados.
A juicio de Esperanza Aguirre, se trata de estudios que van a ser «muy útiles» para diseñar los futuros programas de formación, los que se van a llevar a cabo el próximo año, «con vistas a que los trabajadores madrileños puedan acceder a esos yacimientos de empleo que se van a producir de nuevas, o mejorar el empleo que ya tienen».
Y es que, según añadió, el objetivo común del Gobierno regional, con la Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración y las seis universidades, es contribuir a que aumente la productividad en la Comunidad de Madrid, «mejorando la cualificación de sus trabajadores, que son absolutamente fundamentales para que en momentos de crisis se puedan dar oportunidades de prosperidad, de bienestar y de mejora».
El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (CRUMA) y rector de la Complutense, Carlos Berzosa, recordó que este tipo de colaboración es «habitual», que se lleva haciendo desde años atrás, y que cuenta con la participación de investigadores de las universidades públicas financiados por la Comunidad en temas como el empleo, los inmigrantes o la incorporación de las mujeres al mercado laboral.
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