Recursos Humanos Digital. Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior, ha expedientado en los últimos años a un funcionario por vender alcohol a presos en la cárcel de Soto del Real y denunció a otro por facilitar un móvil a los internos, informaron hoy fuentes del departamento que dirige Mercedes Gallizo, que calificaron estos casos de «conductas individuales, detectadas y sancionadas».
El primero de los casos tuvo lugar en febrero de 2008. El departamento estatal investigó a un funcionario por introducir botellas de alcohol a los reclusos de esta prisión, por lo que fue apartado y expedientado.
El segundo caso ocurrió un año después, a principios de 2009. Instituciones Penitenciarias detectó que otro funcionario introducía móviles a internos, después de descubrir que uno de ellos tenía escondido uno de estos aparatos. Por ello, remitió el caso al Juzgado. Una vez éste falle, el departamento estatal tomará las sanciones disciplinarias correspondientes.
Por otro lado, la prisión de Soto del Real también ha sido objeto el año pasado de otra investigación por parte de Instituciones Penitenciarias por irregularidades y delitos supuestamente cometidos por funcionarios, adelantó el diario ’20 minutos’. Concretamente se trataría de relojes, pulseras y dinero en efectivo de la caja donde se depositan en custodia los objetos y dinero que tienen los presos en el momento de entrar en la cárcel.
Tras varias denuncias de familiares de internos, el departamento que dirige Mercedes Gallizo abrió una investigación sobre la posible desaparición de varios objetos de una armario situado en una zona frecuentada tanto por internos como por presos.
Así, remitió el caso a la Fiscalía de Madrid, que tras advertir que podía tratarse de casos de hurtos lo envió al Juzgado número 6 de Colmenar, que abrió diligencias previas, pero acabó archivando el caso, informaron a Europa Press fuentes judiciales, que agregaron que entre los objetos denunciados como sustraídos se encontraban tres relojes de gama alta, uno de ellos valorado en 6.000 euros.
El 17 de julio de 2009 el Juzgado de Instrucción de Colmenar Viejo señaló que figuran datos suficientes para la determinación de la naturaleza de los mismos, «pero no para conocer la identidad de sus autores», por lo que de conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, procedió a incoar diligencias previas y acordar su sobreseimiento provisional y el archivo de las actuaciones, según indica el auto, al que ha tenido acceso Europa Press.
Por su parte, Instituciones Penitenciarias abrió un expediente de responsabilidad patrimonial para resarcir a los robados, que tuvo que ser archivado puesto que ningún familiar se presentó. No obstante, negó que se haya expedientado y suspendido de empleo y sueldo a dos trabajadores por estos hechos.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.