RRHH Digital. Por segunda vez, en dos años, el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) ha descartado la realización de un estudio sobre la situación del empleo público en el conjunto de las Administraciones de la Comunidad Autónoma de Aragón, solicitada el pasado mes de diciembre de 2009 por esta Asociación. Para justificar tal decisión se alega el recorte presupuestario sufrido por dicho Consejo y el calendario de trabajos establecido, que imposibilitan abordar el estudio propuesto.
La ausencia de un boletín estadístico que permita conocer las magnitudes de la función pública de las diferentes Administraciones aragonesas –autonómica y local-, su dimensión y evolución, en cuanto a efectivos, composición y coste económico, constituye una notable carencia para analizar de forma adecuada la realidad económica y social de la Comunidad Autónoma de Aragón.
La falta de un conocimiento objetivo sobre la realidad del empleo en las Administraciones Públicas incide, además, muy negativamente en la transparencia y obligada rendición de cuentas por parte de las Administraciones Públicas ante los ciudadanos: la realidad de la función pública, su dimensión, composición y coste, debiera explicarse desde las instituciones a los ciudadanos, corrigiendo la actual situación de desinformación.
Lo que no ha querido hacerse desde los servicios del Departamento de Presidencia, pese a instarse por esta Asociación y también por diferentes Grupos Parlamentarios, entendimos que podía realizarse desde el Consejo Económico y Social de Aragón (CESA), toda vez que el personal al servicio de las Administraciones Públicas constituye un elemento de decisiva importancia para determinar las características de una sociedad y la incidencia del sector público en la economía y producción de servicios de carácter esencial para la comunidad.
La información que puede obtenerse con una adecuada explotación de los datos existentes en los Registros de Personal de las Administraciones podría hacer realizable, con bajo coste, una aproximación suficiente a la realidad de la función pública aragonesa, contando para tal fin con la colaboración, entre otros, de los Departamentos de Presidencia –a través de la Dirección General de la Función Pública y del Instituto Aragonés de Administración Pública- y de Política Territorial, al englobar dicho estudio el personal de las entidades locales aragonesas –provincias, comarcas y municipios-, cuyos datos entendemos debieran ser públicos y accesibles para todos los ciudadanos.
Pese al interés del estudio solicitado, sin el cual es difícil tener una idea precisa de la realidad económica y social de nuestra Comunidad Autónoma, nuevamente el Consejo Económico y Social ha rechazado la realización del mismo, a pesar de que los datos necesarios para dicho estudio se hallan precisamente en poder de la propia Administración autonómica, sin que nadie extraiga de los mismos la información necesaria que permita dar a conocer, públicamente, la realidad del sector público de nuestra Comunidad Autónoma.
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