26 de abril de 2025

Más de 6.000 extranjeros residen en Asturias en situación irregular dedicados a la economía sumergida

Más de 6.000 extranjeros residen en Asturias en situación irregular dedicados a la economía sumergida

Recursos Humanos Digital. Más de seis mil personas residen en el Principado de Asturias en situación irregular -sin papeles- dedicados a la economía sumergida, según estimaciones del sindicato UGT. La lacra afecta principalmente a las mujeres ocupadas en el servicio doméstico.

Los datos fueron presentados en rueda de prensa por el secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga, y la secretaria de Igualdad y Política Social, Clara Casiano, a raíz del estudio ‘Situación de los Inmigrantes en el Mercado Laboral Asturiano’.

Según los datos que se recogen en el informe, la población extranjera empadronada en Asturias asciende a 47.119 personas, lo que supone un 4,34 por ciento del total de la población y representa una de las tasas de población inmigrante más bajas del país. De las mismas, en diciembre de 2009, 40.794 se encontraban en situación administrativa regular.

Esencialmente, se trata de personas que proceden de Rumanía, Ecuador, Colombia, Brasil y Portugal y se asientan en actividades económicas en las que la crisis ha tenido una mayor repercusión como la construcción, el sector industrial, la agricultura, la pesca y el sector servicios. Así, el año se cerró con un total de 5.171 extranjeros en paro, de las que 56 por ciento eran hombres y 44 por ciento mujeres.

En cuanto al perfil, son personas jóvenes, en edad laboral activa y que se concentra principalmente en Oviedo y Gijón -un 60 por ciento del total- y Avilés.

Rodríguez Braga lamentó que determinados sectores de la sociedad intenten culpabilizar a la población extranjera de las consecuencias de una situación económica «de la que ellos han sido los primeros afectados». El líder sindical pidió una actuación conjunta para abordar las situaciones más graves de explotación laboral y para prevenir, detectar y perseguir los delitos contra los derechos laborales.

«Tenemos que devolverles las prestaciones sociales a las que han contribuido; no es un problema individual, sino social», concluyó.

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