Recursos Humanos Digital. El juez de menores de la Audiencia Nacional José Luis Castro ha acordado ayer medidas encaminadas a lograr la inserción laboral de G.M.V., alias el «Gitanillo», antes de que el próximo mes de junio concluya su internamiento por seis años en un centro de menores y salga en libertad vigilada. Fue condenado a seis años de internamiento y a cinco más de libertad vigilada por transportar desde Asturias a Madrid parte de los explosivos empleados en los atentados del 11-M.
El magistrado acordó el mantenimiento del joven, que hoy tiene 22 años, en régimen cerrado en el centro de reforma en el que cumple su pena en Madrid por entender que los informes del equipo técnico que valoran su evolución no aconsejan ahora una situación de semilibertad, que había sido solicitada por su abogado.
Ayer se celebró una vista en el Juzgado Central de menores tras la cual la fiscal Blanca Rodríguez y el abogado del «Gitanillo» acordaron pedir al juez José Luis Castro que mantenga el ingreso del joven en régimen cerrado, pero también «la ampliación del contenido educativo y tratamental del internamiento hacia un enfoque de inserción en el mundo laboral, con la planificación de las actividades necesarias para su obtención y desarrollo positivo en un futuro en libertad vigilada».
Se trata de un futuro cercano, puesto que el próximo mes de junio el único menor que participó en el 11-M saldrá en libertad y tendrá que estar cinco años en libertad vigilada bajo tutela de Instituciones Penitenciarias.
En el auto dictado por el Juzgado de Menores, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que hasta el momento G.M.V. ha disfrutado de numerosos permisos de un día de carácter lúdico «para disfrutar con sus progenitores» o salidas y permisos siempre tuteladas por educadores, sin que en ninguna de ellas se haya producido incidente negativo alguno.
FALTA DE EMPATÍA CON LAS VÍCTIMAS
Los informes emitidos por el equipo de expertos que sigue su evolución valoran «aspectos positivos en la evolución del expedientado en este periodo», como es el haber obtenido la ESO, pese a mantener «importantes lagunas educativas».
No obstante, añaden que «El Gitanillo» presenta «falta de empatía con las víctimas, falta de desarrollo madurativo, manteniendo una actitud distante, frialdad emocional y no activa en su evolución y aprendizaje para vivir en sociedad con normalidad, que permitan garantizar un futuro resultado positivo».
Con este pronóstico, la Fiscalía interesó ayer que se le mantenga en régimen cerrado, si bien propuso que las salidas programadas y permisos de los que «El Gitanillo» disfrute a partir de ahora sean tuteladas y dirigidas a su inserción laboral.
El juez Castro plantea en su auto que la inserción laboral del joven «es básica para desarrollar un próximo régimen de libertad, que si bien será vigilada, debe plantearse con garantías de éxito».
VISITAS AL INEM
Por ello, ordena a la entidad de reforma responsable de «El Gitanillo» que todas sus salidas «vayan encaminadas, con carácter prioritario, a obtener resultados positivos en las carencias que actualmente presenta y a su ingreso en el mundo laboral, como por ejemplo realizar los trámites para presentar demanda de empleo en el INEM que le corresponda, presentación de currículo en empresas, asistencia a entrevistas, etc».
Estas actividades las deberá realizar «siempre con el acompañamiento educativo necesario toda vez que las carencias descritas en su evolución y educación obligan a mantener el régimen cerrado», concluyen los fundamentos jurídicos del auto.
Fuentes jurídicas señalaron a Europa Press que la petición de semilibertad del abogado se produjo tras los informes favorables que llegaron de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor de la Comunidad de Madrid, y tras la obtención por G.M.V. de un contrato laboral como carpintero.
No obstante, lo que se busca es la obtención por el joven de un trabajo más estable que podría conseguir en Madrid o bien en su Avilés (Asturias) natal, con el objetivo de lograr su integración social una vez obtenga la libertad vigilada.
«El Gitanillo» aceptó en noviembre de 2004 la medida de seis años de internamiento y otros cinco de libertad vigilada que solicitó para él la fiscal de la Audiencia Nacional Blanca Rodríguez por el cargo de colaboración con banda armada, en el primer juicio celebrado por los atentados del 11-M.
Según el escrito de conclusiones de la fiscal, que fue aceptado por las partes, el menor participó en el robo y en el transporte de explosivos que sirvieron para realizar los atentados del pasado 11 de marzo en Madrid, que provocaron 190 víctimas mortales y más de 1.430 heridos. El acusado aceptó la pena rebajada, por lo que el juez Central de Menores de la Audiencia, José María Vázquez Honrubia, no consideró necesario seguir con la vista oral, y le impuso la pena de seis años aceptada por las dos partes.
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