RRHH Digital. Un estudio de la patronal autonómica de la Dependencia asegura que la «apuesta» por la concertación de plazas para la asistencia sociosanitaria de este colectivo generaría más de 3.000 puestos de trabajo y un retorno económico neto de 44 millones de euros para la Administración General del Estado, según informó en un comunicado el presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), Alberto Giménez.
El objeto de este estudio es, según la asociación, «demostrar con datos objetivos que la aplicación de políticas sociales hacia servicios de atención a la dependencia basados en la apuesta por creación de plazas o prestaciónes económicas vinculadas al servicio (PECV), tiene un enorme efecto positivo sobre la sociedad y la economía de la Comunitat Valenciana».
En este sentido, Giménez destacó que el informe indica que la apuesta por este modelo de política social «supone crear servicios de calidad y satisfacer adecuadamente los derechos de los dependientes junto a lo que podría calificarse de un negocio para el Estado», ya que «genera empleo, retornos presupuestarios superiores al coste de las plazas y ahorra prestaciones por desempleo al erario público».
Según Gimenez, «en estos momentos de crisis económica y de necesidad de reducir el déficit público se discute sobre la necesidad de recortar prestaciones sociales o hacer reformas que aseguren la viabilidad del sistema». Asimismo, añadió que este estudio «demuestra que hay sectores donde podemos incrementar las prestaciones sociales y al mismo tiempo reducir el déficit. Este tipo de políticas e iniciativas son las que verdaderamente necesitamos para salir adelante».
El presidente de la patronal autonómica subrayó que la política social orientada a la concertación de plazas «genera una enorme cantidad de nuevos empleos y de actividad económica, inexistente en el caso de la política orientada a cuidadores familiares». Como ejemplo, el portavoz de Aerte y de la patronal nacional en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) indicó que, para cubrir la asistencia sociosanitaria de 4.000 usuarios, «se necesitarían 3.080 nuevos empleos».
Asimismo, el presidente de la patronal incidió en que el análisis de los Ingresos fiscales (IVA e IRPF) derivados de esta política social «asegura que hay retornos presupuestarios superiores al coste de la misma, mientras la prestación por cuidados familiares representa un gasto neto, porque no genera ningún retorno presupuestario».
Por otra parte, Alberto Giménez consideró que la apuesta por la concertación de plazas «también tiene un efecto positivo en el ahorro de costes de este modelo de política social, ya que reduce la incidencia sobre las cuentas públicas de las prestaciones de desempleo y, asimismo, también incide en el recorte de los gastos sanitarios directos e indirectos para la Generalitat Valenciana«.
Giménez hizo hincpaié en que que el estudio de Aerte «indica que la apuesta por la política social entendida como la gestión profesional y por profesionales de la asistencia sociosanitaria tiene un claro efecto positivo en el conjunto de las administraciones públicas». Para las 4.000 plazas de la Comunitat Valenciana analizadas en el estudio, «se estima que el coste de las prestaciones para las administraciones públicas ascendería a 50.627.520,00 euros», mientras que los retornos directos de ellas serían de 63.566.075,14 euros, «lo que deja un efecto neto positivo de 12.938.555,14 euros».
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