RRHH Digital. La iniciativa de CiU, a la que ha tenido acceso Europa Press, es consecuencia de la interpelación sobre este tema formulada el pasado miércoles por el diputado de CiU Carles Campuzano a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez.
El grupo nacionalista catalán resalta la necesidad de dar ·un nuevo impulso al sector de los servicios sociales y de atención a las familias» para la generación de «empleo de calidad, estable y no deslocalizable».
Campuzano asegura que «conviene dotar al sector del marco estable y previsible de actuación», tanto para el ámbito público como para la iniciativa privada, con el fin de que pueda tomar «las decisiones de inversión necesarias para crear empleo».
¿CUÁNTOS PUESTOS DE TRABAJO SE HAN CREADO?
Por ello, insta al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a presentar, «antes del fin presente periodo de sesiones», un estudio sobre el impacto en generación de empleo de la Ley de Dependencia hasta la fecha, «así como de las medidas estructurales que deben de adoptarse para generar una oferta de servicios suficiente y de calidad para los próximos años».
Asimismo, CiU propone reducir del 7 al 4 por ciento el IVA aplicable a la prestación de servicios de ayuda a las familias y de atención a la dependencia, medida que –asegura– tendrá una repercusión positiva en la creación de empleo. Igualmente, solicita que el Ejecutivo presente, en el plazo de tres meses, un plan para reducir la morosidad del sector público en relación a las empresas mercantiles y organizaciones del tercer sector.
El grupo también pide que se fijen «unas tarifas para la prestación de servicios acordes con los costes reales de los mismos» y crear en el futuro un Fondo Compensatorio para las comunidades autónomas determinando los recursos que recibirán del Estado para la atención a la dependencia en función del «nivel de vida, los costes de los servicios y las condiciones socioeconómicas en cada comunidad».
BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN
Asimismo, pide que en seis meses se elabore un informe sobre la posibilidad de llevar a cabo una política de bonificaciones para la contratación de servicios de ayuda a las familias, «como política activa de conciliación laboral y familiar y como vía de generación de empleo y de reocupación de personas que se hallan en paro».
Otra de las propuestas es que el Gobierno alcance un acuerdo con los agentes sociales y las comunidades autónomas para facilitar la formación, selección y contratación de trabajadores del sector. Dicho acuerdo –añade– debería suponer un incremento de los recursos de la formación continuada y la formación ocupacional.
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