RRHH Digital. El fraude cometido contra la Seguridad Social detectado por la Policía Nacional en 2009 ascendió a más de 88 millones de euros, y las personas detenidas o imputadas por estos delitos fueron 599, según informó el Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Los agentes realizaron el año pasado un total de 609 investigaciones, que afectaron a 815 personas jurídicas y a más de 1.635 personas físicas.
La Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de Policía Judicial, instruyó el pasado año más de 370 atestados y remitió 695 informes a autoridades judiciales y entidades de la Seguridad Social.
El Departamento dirigido por Celestino Corbacho destacó que en 2009 se produjo una «importante caída», superior al 53%, en las irregularidades de afiliación al sistema cometidas por ciudadanos extranjeros, tanto en lo concerniente a la falsificación de documentos como a la usurpación del estado civil.
Por otro lado, el año pasado no se detectaron irregularidades en el ámbito de la formación continua gracias, según Trabajo, a las investigaciones y actuaciones policiales efectuadas en ejercicios anteriores.
Todas estas actuaciones se llevan a cabo a requirimiento de las distintas entidades de la Seguridad Social, a raíz de infracciones detectadas en los controles habituales o bien en colaboración con otras unidades policiales sobre denuncias recibidas y con autoridades judiciales.
La mayor parte de las actuaciones tienen que ver con delitos cometidos contra la Seguridad Social por parte de empresas que incumplen «sistemáticamente» la obligación de cotizar o que tratan de ocultar la verdadera titularidad de las mercantiles, utilizando empresas interpuestas o testaferros con el objeto de eludir las acciones ejecutivas de la Seguridad Social. El Código Penal sanciona estas conductas como un delito específico contra la Seguridad Social cuando la deuda alcanza la cantidad de 120.000 euros en un mismo ejercicio.
También son frecuentes los delitos por insolvencia punible, cometidos por aquellas personas jurídicas que, tras acumular deuda con la Seguridad Social por no cotizar, cambian la denominación de la empresa o producen una descapitalización de la misma mediante el traslado de los elementos patrimoniales a otras mercantiles creadas al efecto, utilizando en la mayoría de los casos testaferros y dejando en situación de insolvencia a la deudora.
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.
También se encuentran en este caso aquellas personas físicas que incumplen igualmente, y de forma sistemática, la obligación de cotizar, cuando tienen conocimiento de que por parte de la Seguridad Social se ha iniciado el procedimiento de apremio, y por ello venden o simulan la venta de sus bienes, produciéndose así una situación de insolvencia del deudor.
Asimismo, otras actuaciones tienen que ver con la falsificación de documentos de cotización (certificados de situación de cotización o boletines de cotización) cometida por responsables de empresas, que fundamentalmente actúan en la modalidad de subcontratas en la construcción o servicios, con el fin de acreditar ante las empresas contratistas los pagos de las cuotas de seguros sociales que no han realizado.
Además, en otras ocasiones se falsifican documentos relacionados con el alta y afiliación de trabajadores para simular una relación laboral inexistente y como consecuencia de la misma obtener prestaciones, subsidios u otros beneficios que la afiliación al Sistema de Seguridad Social contempla y, en otros casos, ciudadanos extranjeros ilegales para realizar una actividad laboral cuando carecen del preceptivo permiso de trabajo.
A través de estas actuaciones, Trabajo estima que se ha evitado un fraude respecto al que, si bien no es posible efectuar una cuantificación exacta, se considera elevado y podría alcanzar una cifra próxima a la mitad del fraude investigado.
Así, el Ministerio explicó que, al efectuarse estas investigaciones en diferentes provincias, da lugar a que gran parte de las empresas que se encuentran en situación irregular regularicen inmediatamente sus pagos ante el temor de ser posibles objetivos de investigación.
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