RRHH Digital. Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (Gestha) han elaborado un Decálogo de medidas contra la economía sumergida en previsión al nuevo Plan de Lucha contra el Fraude que aprobará mañana el Consejo de Ministros, y con el que estiman se podría aflorar buena parte de los 245.000 millones de euros de dinero negro existentes en España, además de mejorar la eficiencia y el control del gasto público.
Gestha considera que el nuevo proyecto antifraude, incluido en la estrategia de la Economía Sostenible, debe centrarse en descubrir y erradicar las actividades subterráneas, desplazando “la lupa” de la investigación de las rentas de trabajo hacia las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas, pero también fomentando una mayor colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y estableciendo una serie de objetivos claros de lucha contra el fraude basados en estudios oficiales periódicos.
Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3% del PIB, situándola en niveles similares a los países de la Unión Europea. De este modo, la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación.
Decálogo de medidas contra la economía sumergida
1. Estudios plurianuales de economía sumergida
En primer lugar, los Técnicos de Hacienda proponen cuantificar periódicamente la economía sumergida a través de estudios y estimaciones plurianuales, desagregados por territorios, sectores e impuestos, con el objetivo de calibrar con mayor precisión dónde, quién y cómo se produce el fraude existente.
2. Objetivos de reducción de la bolsa de dinero negro
Una vez cuantificado el fraude, Gestha considera que el Parlamento debe fijar los objetivos prioritarios de reducción de la economía sumergida y de aumento de la eficiencia del gasto público, verificando anualmente los resultados obtenidos por la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE).
3. Colaboración efectiva entre Administraciones Públicas
En tercer lugar, plantean una colaboración efectiva entre la AEAT y las administraciones tributarias autonómicas y locales, potenciando la corresponsabilidad y el consorcio en la lucha contra el fraude fiscal. Igualmente, proponen acuerdos de colaboración y coordinación entre la IGAE y la Intervención de las comunidades autónomas y ayuntamientos sobre la concesión de subvenciones y ayudas públicas.
4. Una base de datos compartida
En opinión de los Técnicos de Hacienda, las distintas administraciones territoriales deben compartir una base de datos tributaria y de las subvenciones concedidas con información procedente de los ámbitos central, autonómico y local.
5. Terminar con la externalización de auditorías
Gestha propone derogar la disposición adicional segunda de la ley 47/2003 del 26 de noviembre, y revocar la subcontratación de empresas privadas para la ejecución del Plan Anual de Auditorías de la Administración del Estado o de empresas públicas, de manera que sea realizada por los propios Técnicos del Ministerio de Hacienda. De acuerdo con los Presupuestos Generales para 2010, éste gastará más de diez millones de euros en estos próximos cinco años en la externalización y subcontratación de empresas privadas para efectuar las auditorías de algunos organismos y entes públicos estatales.
6. Más eficiencia y rapidez de los procedimientos
Este colectivo aboga también por mejorar las actuaciones e investigaciones de las Administraciones mediante la revisión de los procedimientos y métodos de gestión para reducir la duración de los expedientes y la litigiosidad.
7. Mejor seguimiento de los contribuyentes de riesgo
Los Técnicos de Hacienda proponen la creación de un fichero de deudores tributarios insolventes (con limitación del derecho a obtener subvenciones, crear empresas, formar parte de consejos de administración y ostentar cargos y empleos públicos, hasta que ingresen o garanticen las deudas) y el establecimiento de un seguimiento permanente de la situación fiscal de los contribuyentes considerados de riesgo.
8. Aprovechar las capacidades infrautilizadas del personal de Hacienda
En opinión de Gestha, se debe aumentar las funciones y competencias de los empleados públicos del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia Tributaria para aprovechar al máximo su experiencia y capacidades y, en consecuencia, exigir la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos establecidos. La creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH) supondría la autorización a los más de 8.000 técnicos para realizar funciones superiores, lo cual permitiría aumentar considerablemente el control tributario y aduanero y el control del gasto público. Con esta medida se cumpliría la disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.
9. Establecer y concretar competencias
Asimismo, se deben establecer y concretar las funciones, cometidos y obligaciones esenciales de las relaciones de puestos de trabajo, con el fin de evitar el solapamiento de competencias y el vacío de responsabilidades.
10. Reformas fiscales
Finalmente, Gestha propone una batería de medidas fiscales que ayudan a prevenir el fraude y reforzar la lucha contra la economía sumergida, entre las que destacan:
a) Eliminar las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente las inmobiliarias y sobre valores mobiliarios del concepto de renta del ahorro para que tributen con la tarifa del Impuesto de la Renta.
b) Modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para limitar la participación en las Sicavs y evitar así los abusos de las grandes fortunas cuyos patrimonios y plusvalías, al no reembolsarse, no tributan en el Impuesto de la Renta.
c) Suprimir la tributación al tipo fijo del 24% durante seis años de los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite que hayan fijado su residencia fiscal en España, de manera que tributen como cualquier ciudadano residente en España (desde el 1 de enero de 2010, la opción por este beneficio sigue vigente para sueldos hasta 600.000 € anuales).
d) Restablecer el Impuesto de Patrimonio para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros, lo que permitiría al Estado ingresar unos 1.240 millones de euros adicionales.
e) Revisar la tributación de pymes y autónomos con el fin de que se ajusten a las dificultades económicas propias de una época de crisis. Para ello, es recomendable que los empresarios y profesionales tributen en estimación directa como norma general, y que se permita el sistema de módulos sólo a los microempresarios que vendan exclusivamente al consumidor final. Asimismo, es necesario establecer sistemas de control sobre las rentas de empresarios y profesionales en estimación directa que declaren una media de beneficios inusualmente baja, y en todos los casos en que sea inferior a la media de rendimientos de los asalariados.
f) Favorecer la innovación y la inversión en sistemas productivos más limpios mediante la concesión de importantes deducciones, por un lado, y la creación de nuevos impuestos y tasas medioambientales, por otro, que graven las emisiones de CO2 de las empresas y particulares, el uso de combustibles fósiles, los residuos contaminantes o el empleo de bolsas de plástico.
El Cuerpo Especial de Gestión de la Hacienda Pública (GESTHA), antecedente de los Cuerpos Técnicos de Hacienda, se creó en 1976, diez años antes de la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea (CEE), con el fin de solventar determinados problemas de personal existentes en el Ministerio de Economía y Hacienda. Solucionados aquellos problemas, en la actualidad Gestha trabaja por conseguir una Administración Financiera moderna y eficaz con una estructura administrativa y de personal que garantice las necesidades del servicio público de un modo eficiente y racional.
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