RRHH Digital. La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, aseguró hoy que el reto de la Ley de Garantía de Ingresos es «activar laboralmente a los que reciban ayudas», por lo que advirtió de que la contrapartida a una prestación social será siempre la firma de un ‘contrato de inclusión activa’ que obligará a las personas perceptoras, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar «disponibles para la activación laboral».
Zabaleta compareció hoy ante la comisión de Políticas Sociales, Trabajo e Igualdad del Parlamento vasco para explicar el desarrollo de la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, una norma dirigida a «consolidar la igualdad de derechos» entre ciudadanos desde la protección social y el fomento del empleo.
En su comparecencia, Zabaleta destacó que el nuevo Plan de Inclusión Activa 2010-2015, que estará listo en el segundo semestre de este año, potenciará la activación de las personas que se encuentran en situaciones de desempleo prolongado.
Según recordó, una de las primeras iniciativas que adoptó al frente del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales fue la de desarrollar la norma con el objetivo de convertir la Renta de Garantía de ingresos en una Renta Activa, «como lo establece la propia ley a través del llamado doble derecho: derecho a las prestaciones y derecho a la inclusión sociolaboral».
«La Ley -aseguró la consejera durante su comparecencia- nos permite defender unas políticas de país con la mira puesta en la protección de la ciudadanía pero sin caer en los excesos de una sociedad subsidiada». A su juicio, «el gran reto y la gran oportunidad de la Ley reside en activar laboralmente a las personas que hoy tienen que acogerse a las ayudas sociales que proporciona esta norma».
En ese sentido, precisó que lo que se hace ahora es «materializar políticas que garanticen el doble derecho: la prestación económica para las familias que lo necesiten, pero también la inclusión social que este Gobierno no olvida y que pretende ejecutar a través de unas políticas activas de inclusión laboral potentes, eficaces y basadas en la corresponsabilidad».
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales insistió en que «la contrapartida a una prestación va a ser siempre la firma de un convenio o contrato de inclusión activa, firmado entre la persona perceptora de las ayudas y la Administración, que obligará a estas personas, desempleadas de larga duración en muchos casos, a estar disponibles para la activación laboral.
Zabaleta advirtió de que «el nivel de exigencia del Gobierno en esta materia será alto, puesto que alto es el nivel de protección del sistema».
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