RRHH Digital. Distintas organizaciones contrarias al proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que ha elaborado el Gobierno se concentrarán este martes ante el Senado, coincidiendo con el próximo inicio de la tramitación de esta norma en la Cámara Alta.
La protesta la promueven CCOO, la Red de Medios Comunitarios y comités de empresa de televisiones públicas y privadas. Estos colectivos han elaborado un manifiesto en el que denuncian que el proyecto «responde a los intereses de las grandes empresas del sector de la comunicación y no al interés general».
A su juicio, esta ley «sigue el mismo camino que las últimas medidas en materia audiovisual realizadas por el Gobierno», como la retirada de la financiación por publicidad de RTVE, el impulso a la fusión de las televisiones privadas o la regulación de la TDT de pago.
«Se trata de leyes que se han desarrollado con prisas, sin debate, de espaldas a la ciudadanía y sin contar con los agentes sociales, sólo dando respuesta a los intereses de Uteca», afirma el manifiesto.
Los firmantes entienden que el proyecto de ley que se está tramitando «pone en riesgo la viabilidad del sector audiovisual y elimina el concepto de servicio público para los prestadores privados, exonerándolos de las obligaciones y responsabilidades a pesar de que se benefician del uso de un recurso común como es el espectro radio-eléctrico».
Desde el punto de vista laboral, creen que con esta desregulación del sector «se pone en el disparadero a miles de puestos de trabajo, ante la tendencia a la subcontratación y precarización del empleo». También critican que el proyecto obstaculiza el desarrollo de las emisoras comunitarias y no se garantiza su existencia.
El manifiesto pide medidas para garantizar la pluraridad en los medios y obligaciones destinadas a los operadores privados para que cuenten con una programacion de calidad que atienda al interes general.
También reclama matenimiento del empleo estable y de calidad, y que se impida la privatización total o parcial de las radiotelevisións autonómicas. Asimismo, abogan por el fomento de la participación ciudadana en los medios de comunicación, garantizando el derecho de acceso.
Por último, postulan un desarrollo del derecho a la diversidad lingüística «incorporando porcentajes de programacion en galego, euskera y catalán en sus respectivos territorios.
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