7 de noviembre de 2024
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7 de cada 10 empresas españolas no cumplen la ley que obliga a las que tienen más de 50 trabajadores a emplear al menos un 2% de personal con discapacidad

7 de cada 10 empresas españolas no cumplen la ley que obliga a las que tienen más de 50 trabajadores a emplear al menos un 2% de personal con discapacidad

RRHH Digital. “Más de 3,8 millones de personas en España tienen algún tipo de discapacidad, un 8,5% de la población, y para facilitar la inserción social de estas personas, cuya tasa de desempleo ronda el 40%, el trabajo es un elemento clave”, ha manifestado el vicepresidente de la Cámara de Madrid, Miguel Corsini, en la jornada de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) “Acción social de la empresa e integración laboral de personas con discapacidad”, organizada por la Cámara de Comercio y la Fundación Lealtad.

De hecho, la Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI) establece que aquellas empresas públicas y privadas que empleen a más de 50 trabajadores tienen la obligación de contratar a un número de personas con discapacidad no inferior al 2% de la plantilla.

En casos excepcionales, la Ley prevé algunas medidas alternativas para aquellas empresas que no puedan incorporar ese 2%, como comprar bienes y contratar servicios a un centro especial de empleo, o realizar una donación a favor de una entidad cuyo objetivo sea formar profesionalmente a personas con discapacidad.

Sin embargo, según un estudio del Observatorio del Grupo SIFU, publicado en 2007, siete de cada diez empresas españolas no cumplen esta Ley, y según un estudio de la Fundación Mapfre, casi un 34% de las empresas que no tienen ningún empleado con discapacidad dice no conocer dicha Ley.

Para ayudar a estas personas a lograr su plena inserción, las empresas pueden realizar distintos tipos de actuaciones con organizaciones no gubernamentales (ONG) que trabajan en favor de la inclusión social de personas con discapacidad física o intelectual. Más de 29.000 empresas españolas están obligadas a contratar a personas discapacitadas, que suponen el 2,6% de los demandantes de trabajo del INEM.

Las empresas no siempre tienen claro cómo responder a esta demanda social, de ahí que la Cámara de Madrid y la Fundación Lealtad hayan organizado esta jornada, informando a las empresas sobre cómo colaborar con ONG que trabajen en la inserción laboral de personas con discapacidad, y facilitar nuevas herramientas a las empresas para el desarrollo de su acción social y RSC.

“Desde 2003, la Fundación Lealtad facilita a las empresas el desarrollo de su acción social mediante una serie de servicios gratuitos que les ayudan a identificar el proyecto o la ONG con la que colaborar. Fruto de esta experiencia, hemos puesto en marcha un nuevo proyecto para fomentar las colaboraciones entre empresas y ONG analizadas por la Fundación que contribuyan al cumplimiento de la LISMI”, ha declarado el presidente de la Fundación Lealtad, Ignacio Garralda.

Han intervenido junto a Miguel Corsini e Ignacio Garralda, un asociado del departamento laboral de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, Borja González, y la directora general de la Fundación Lealtad, Patricia de Roda.

Además, representantes de Agencia IDS, Gómez-Acebo & Pombo Abogados, OHL, Fundación Síndrome de Down Madrid y Fundación Aprocor han presentado casos prácticos de colaboración entre empresas y ONG para la integración laboral de personas con discapacidad.

Nuevas herramientas para garantizar el acceso igualitario al empleo

La Fundación Lealtad es una institución sin ánimo de lucro pionera en España, que fue constituida en 2001 por un grupo de donantes. Su objetivo es fomentar la confianza de la sociedad española en las ONG para lograr un incremento de las donaciones, así como cualquier otro tipo de colaboración con estas organizaciones. (www.fundacionlealtad.org).

La Fundación ofrece a particulares y empresas información sobre las ONG, para ayudarles a decidir con cuál colaborar y orientarles para hacer un seguimiento de sus donaciones. Además, la Fundación ha creado un microsite (www.lismi.fundacionlealtad.org) que ofrece a las empresas información específica sobre los servicios de integración laboral de las ONG. A través de esta nueva herramienta, aquellas empresas que se acojan a las medidas alternativas establecidas en la Ley, también podrán acceder a información concreta acerca de los servicios que pueden contratar a centros especiales de empleo en los que trabajan personas  con discapacidad.

Esta herramienta se ha creado, según explica Patricia de Roda, “pensando siempre en conseguir una mayor fluidez en las colaboraciones entre empresas y ONG. De esta manera, las compañías podrán encontrar, en un site específico, proyectos relacionados con la inserción laboral de personas con discapacidad de las ONG analizadas.”

Por su parte, la responsable del proyecto Stela, de la Fundación Síndrome de Down Madrid, Begoña Escobar, ha presentado este programa que se puso en marcha en 2005 y con el que han colaborado más de 150 empresas, entre ellas el Grupo OHL, que, a través de este programa, incorporó a dos personas con discapacidad.

El proyecto Stela está dirigido a formar personas con discapacidad intelectual. Una vez que se incorporan al mercado de trabajo, la Fundación realiza un seguimiento para evaluar la integración del trabajador y lleva a cabo un proceso de formación permanente, con el fin de que éste mantenga el puesto de trabajo.

De los trabajadores que han proporcionado a las empresas, un 91% tiene contratos indefinidos, frente al 9% de contratos temporales, lo que refleja el esfuerzo compartido por mantener el puesto de trabajo a largo plazo.

También han participado en la jornada: la responsable de Patrocinio, Mecenazgo y Acción Social de OHL, María Rúspoli; el director del servicio de integración laboral de la Fundación Aprocor, Eduardo Martínez, y el ordenanza del despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, Alfredo Camargo, que accedió a su puesto de trabajo a través de este servicio. Además, el consejero delegado de la Agencia IDS, Enrique Sánchez, ha explicado cómo su empresa, a pesar de no estar obligada al cumplimiento de la LISMI por tener menos de 50 empleados, ha optado por incluir la integración laboral de personas con discapacidad en su estrategia de acción social.

La Cámara y la RSC

El vicepresidente de la Cámara también ha destacado que “la introducción e integración de políticas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las estrategias y gestión de las empresas es un hecho que avanza de forma imparable y que, a pesar de la crisis,  cobra cada vez más importancia tanto en las grandes como en las pequeñas empresas. En la Cámara hemos creado un Departamento específico de RSE para sensibilizar a todas las grandes empresas y a las pymes de la importancia de desarrollar una gestión responsable.”

Corsini también ha señalado que la RSE no es un gasto, sino que “tiene que ver con una forma de entender la empresa basada en la integridad, la transparencia, la legitimidad social y en los principios de sostenibilidad del negocio a largo plazo. La RSE se basa en lo que las empresas pueden hacer, y no en lo que deben hacer. Se trata de oportunidades, no de obligaciones, es el modo de añadir valor a su empresa mediante un análisis de algunos de los aspectos sociales y medioambientales de  las actividades empresariales. El reto es avanzar en la contribución de la RSE a los resultados de la empresa, a la gestión de riesgos y a la creación de valor”.

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