RRHH Digital. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho destacó hoy la «valentía» mostrada por el Gobierno al realizar una propuesta, la de elevar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, que puede considerarse «poco cómoda o impopular», sobre todo si se tiene en cuenta que ahora mismo y hasta 2023 no se prevén problemas para la Seguridad Social.
«Desde el punto de vista de comodidad del Gobierno, si no tienes problemas hoy con la Seguridad Social, si puedes pagar las pensiones, si tienes superávit después de pagarlo todo y si además tienes un buen Fondo de Reserva, lo más cómodo es no anticiparse a hacer planteamientos que popularmente no serán bien recibidos. Pero los gobiernos estamos para tomar medidas y adelantarse al futuro», aseguró Corbacho.
El ministro, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, insistió en que el Gobierno ha tenido la «valentía» de fijar posición en el debate sobre el futuro de las pensiones, y añadió que, de no haberlo hecho, «se le criticaría» por no haberse pronunciado.
Corbacho subrayó que, con su propuesta, el Ejecutivo no persigue «meter miedo» a la sociedad española, como se ha dicho desde CC.OO., sino «asumir su responsabilidad» para con las futuras generaciones de pensionistas españoles.
Así, manifestó que, si no hacen reformas, los problemas para la Seguridad Social no empezarán hasta 2023 o hasta 2030 en caso de que se echara mano del Fondo de Reserva de las pensiones. Por lo tanto, dijo, hay tiempo para desarrollar este debate y buscar el máximo consenso posible.
«No estamos delante de una situación que nos obligue a resolver esto de una manera rápida y urgente», señaló Corbacho, que en todo caso indicó que, de aprobarse la medida, el retraso de la edad de jubilación empezaría a aplicarse a partir de 2013 de manera gradual.
Corbacho recordó que el Ejecutino no ha presentado un decreto-ley, sino una propuesta que irá ahora al Pacto de Toledo, de donde saldrán las recomendaciones finales para la reforma del sistema de la Seguridad Social.
Asimismo, el ministro subrayó que la idea de subir la edad de jubilación ordinaria es un debate que está ahora mismo en toda Europa, pues todos los informes apuntan a que los países se irán envejeciendo y que tendrán que adoptar reformas en los próximos años. En Alemania y Holanda, recordó, se ha tomado la determinación de elevar la jubilación a los 67 años y en Francia también se ha abierto el debate sobre el tema.
«SEGURAMENTE NO PODRÁ UNIVERSALIZARSE».
El titular de Trabajo agregó que, «seguramente», subir la edad de jubilación a los 67 años no podrá ser algo «universal», es decir, que no será aplicable en todos los sectores económicos y todos los trabajos por las especiales circunstancias de algunos. «Que la cosa vaya a ir lenta no es con ánimo de retrasar (esta medida), pero aquí hay muchas variables y habrá que discutir mucho y al final acordar lo máximo posible», apuntó.
Corbacho subrayó que sería un «contrasentido» mantener el debate del aumento de la edad de jubilación mientras se prejubila a los trabajadores cada vez a edades más tempranas. Así, dijo, el primer objetivo debe ser el de elevar progresivamente la edad real de jubilación (63 años y 10 meses) a la edad legal de 65 años, y eso, añadió, es una meta a la que la crisis no ayuda, pues a veces las empresas utilizan la jubilación anticipada como mecanismo de ajuste.
Ahora bien, el ministro distinguió de las empresas que realizan estas jubilaciones anticipadas por necesidad económica, de aquellas que, teniendo beneficios, han recurrido a esta medida y no por necesidad económica. «Eso hay que ir acotándolo», insistió Corbacho, que añadió que la única posibilidad de afrontar la presión demográfica es aumentar la edad de jubilación.
Preguntado por si se ampliará el periodo de cálculo de las pensiones, ahora establecido en 15 años, el ministro indicó que se trata de un tema «abierto» y explicó que el actual sistema de cómputo tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes. Así, recordó, a aquellos trabajadores que son despedidos al final de su vida laboral y encuentran otro empleo, sufren una rebaja «radical» en su cotización, lo que tiene una repercusión «muy negativa» en la cuantía de su pensión final.
«Habrá que ver si hay alguna medida para que cuando una persona se encuentra en esa situación no sea tan perjudicada como lo es ahora y, para una persona que tiene el cálculo en 15 años, habrá que ver qué pasa si en lugar de 15 pues son 16 años. Creo que no habrá demasiados problemas en buscar una cosa que no dañe el interés general de la gran mayoría, y que sea un sistema equitativo. Habrá que buscar fórmulas intermedias», dijo.
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