RRHH Digital. Los trabajadores de EADS reclamaron ayer al presidente del Gobierno, José Luis Zapatero, que «tome las riendas» durante la presidencia española de la UE para «buscar» un encuentro entre los siete países del programa del avión militar A400M, cuyo montaje final se realiza en la planta sevillana de San Pablo, que permita llegar a un acuerdo «lo antes posible».
En declaraciones a Europa Press, el presidente del comité interempresas de Airbus España EADS-CASA y EADS-CASA Espacio, José Alcázar, emplazó al Gobierno a impulsar un acuerdo entre las partes antes de que finalice el plazo máximo que fijó el consorcio europeo para aclarar el reparto de los sobrecostes del avión, que ascienden a 6.400 millones por los casi tres años de retraso del proyecto.
«Es impensable que se cancele el A400M, con todo lo que se ha invertido y con lo que se necesita por todos los Gobiernos, por eso, después de la fuerte apuesta que ha supuesto, hay que seguir haciendo esfuerzos para lograr el acuerdo antes del 31 de enero, plazo que los auditores de EADS han marcado a la compañía para cerrar las cuentas de 2009», explicó Alcázar.
Precisamente ayer, el comité interempresas se reunió en Madrid con la dirección de EADS para mostrar la «preocupación e incertidumbre» de la plantilla de la enseña aeronáutica ante la evolución de las negociaciones.
EADS trasladó a los trabajadores que de no alcanzar un acuerdo habría que permitir un plazo de ampliación, lo que «no depende de la dirección de la compañía sino de que legalmente sea posible».
«La compañía quiere continuar con el proyecto, pero con un acuerdo para cubrir los entre 6.000 y 11.000 millones de euros que son necesarios, por lo que ha pedido a todas las partes un esfuerzo para alcanzarlo, ya que no cabe otra posibilidad», aseguró.
Al respecto, señaló que si «la compañía no puede soportar el sobrecoste tan importante del programa, entraría posiblemente en quiebra».
DISPUESTOS A APORTAR 2.000 MILLONES.
Los siete países clientes del A400M –Francia, Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo, España y Turquía–, podrían estar dispuestos a aportar sólo 2.000 millones de euros adicionales para cubrir dichos costes.
Los problemas derivados de los retrasos acumulados por el proyecto han supuesto un incremento de 11.200 millones de euros sobre el presupuesto original, lo que podría poner en peligro cerca de 10.000 puestos de trabajo relacionados con su construcción.
Por este motivo, la Federación de Industria de CCOO y de Metal, Construcción y Afines de UGT han solicitado una reunión «urgente» al Gobierno para analizar la situación de forma conjunta y «buscar las soluciones más adecuadas en defensa de la actividad industrial y el empleo».
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