RRHH Digital. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha detectado un fraude a la Seguridad Social de becas de investigación por valor de 1,8 millones de euros a través de 117 actas de actuación llevadas a cabo por la Inspección de Trabajo, según confirmaron a Europa Press fuentes de este departamento.
En este sentido, las mismas fuentes señalaron que el control de las condiciones laborales de los becarios forma parte de la actividad planificada por la Inspección, siendo éste el tercer año que hay campaña específica, además de haber mantenido reuniones con alguna de las asociaciones que los agrupa.
Por su parte, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI-Precarios) explicó que este resultado surge tras la interposición de más de 20 denuncias por parte de esta organización ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por incumplimiento del Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) y por encubrimiento de puestos de trabajo en más de 200 becas de investigación.
En concreto, el portavoz de FJI-Precarios, Salomón Aguado, señaló a Europa Press que se ha detectado que 150 becas de investigación convocadas por el antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, consejerías de Educación de Castilla-León, Andalucía y Canarias, instituciones dependientes del Ministerio de Economía y Hacienda y fundaciones privadas incumplen el EPIF, lo que supone una liquidación que asciende a un millón de euros.
Por otro lado, se denunció el fraude relacionado con 50 becas de investigación convocadas por fundaciones privadas, la mayoría en el País Vasco, que encubrían puestos de trabajo y que ha dado lugar a actas de infracción y de liquidación que suman otro millón de euros más.
«Se produce un incremento de las arcas de la Seguridad Social de dos millones de euros, entre la multa y lo que tenían que pagar y no pagaron», concluyó Aguado. Así, estima que el fraude es de 10.000 euros por beca, y «si se tiene en cuenta que hay 150.000 becarios, el fraude a la Seguridad social, debido al mal uso de éstas, podría ser multimillonario, alcanzando los 1.500 millones de euros».
‘NO MÁS BECAS POR TRABAJO’.
Ante esta situación, la federación de becarios pide erradicar esta «extendida práctica» de encubrir puestos de trabajo mediante becas, pues de esta forma se retrasa «la ya tardía» incorporación al mundo laboral de los titulados universitarios, y en consecuencia, la edad de inicio en las cotizaciones a la Seguridad Social, tal y como se persigue en la campaña que están llevando a cabo desde enero de 2008, bajo el título de ‘No más becas por trabajo’.
Asimismo, pide al Gobierno que la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya en su articulado el establecer que todas las ayudas a la investigación para los recursos humanos vayan dirigidas de forma obligatoria a la contratación de todo el personal de investigación. De esta forma, además de ofrecer un marco laboral más adecuado para el desarrollo de la carrera investigadora, se evitarán problemas legales a los Centros de Investigación relacionados con irregularidades laborales.
También, solicitan ofrecer mejoras en la calidad del empleo joven, lo que implica modificar la normativa vigente que regula las prácticas no laborales de estudiantes en empresas. Además, piden que se dote a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de personal y recursos necesarios para realizar ‘campañas anti-becas’ en empresas e instituciones públicas e instar al sector público a liderar las políticas de recursos humanos dirigidas a los jóvenes en las que se fomente la contratación en sustitución de las becas.
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