RRHH Digital. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, consideró ayer, en víspera de la reapertura del diálogo social, que «es difícil de justificar una reducción permanente de las cotizaciones sociales» que pagan las empresas ante el reto demográfico al que se enfrentará España en los próximos años, con la segunda mayor esperanza de vida del mundo y la segunda tasa más baja de natalidad de Europa.
Así lo apuntó durante la clausura de una jornada organizada por la Fundación Rafael del Pino y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), en la que contrarrestó esta tradicional demanda de los empresarios recordando que la Seguridad Social ya cuenta con mecanismos de «flexibilidad» para aplazar las cuotas sociales de las empresas con dificultades.
Según dijo, ésta es una forma de que las empresas puedan devolver estos recursos al sistema una vez superen su situación, evitando así un desajuste financiero del sistema. «No sé a quien puede beneficiar que el sistema tenga desequilibrios financieros», insistió antes de subrayar que «es más razonable jugar con la flexibilidad».
Además, Granado respondió al presidente de la Comisión de Economía de la CEOE, José Luis Feito, quien horas antes justificó la escalada del paro por los elevados costes salariales y del despido, diciendo que «una magnitud tan relevante como el paro no se puede atribuir a una única causa».
Como muestra, argumentó que más allá del millón de empleos perdidos en la construcción por la crisis que ha golpeado al sector, otros 850.000 empleados del régimen agrario de la Seguridad Social trabajan entre 90 y 120 jornadas anuales por motivos estacionales, decenas de miles se encuentran en situación de paro cobrando la renta de sustitución a la espera de la jubilación, otro millón son trabajadores vinculados al sector hotelero y de ocio que trabajan entre seis y ocho meses al año, y todo ello sin contar a los fijos discontinuos.
CAE EL GASTO POR INCAPACIDAD TEMPORAL
Por otro lado, Granado se mostró «orgulloso» de los esfuerzos que está realizando el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas para reducir el gasto en materia de incapacidad temporal. Así, según dijo, el gasto entre noviembre de 2008 y el mismo mes de 2009 ascendió a 3.500 millones de euros, unos 500 millones menos que en el año anterior, lo que supone un 11% menos, del que un 8,5% se debió a una mejora de la gestión.
Más allá de estos datos, el secretario de Estado de Seguridad Social avanzó que el reto para 2010 es promover un papel más activo de las empresas en la gestión de esta incapacidad, a la vista de que los casos de larga duración podrían deberse en ocasiones a problemas adaptativos en el seno de los entornos laborales.
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