RRHH Digital. El sindicato CSIT-Unión Profesional rechazó hoy la propuesta de privatización del sector de la dependencia por el que, según ellos, aboga la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien alega que faltan empleados para hacer las valoraciones a las personas que tienen derecho a beneficiarse de las ayudas que concede la Ley de Dependencia, y exigió que se contrate a más personal público.
En un comunicado, el sindicato aseguró que «e retraso en la gestión de la Ley de Dependencia se debe, según Esperanza Aguirre, a la falta de empleados públicos que tramitan los expedientes en nuestra región y su solución sería dejar que la valoración de los casos y la determinación del grado de dependencia la realicen personas que estén en compañías de seguros y agencias especializadas en el tema».
Así, recordaron que «la Ley de Dependencia obliga a que estos dictámenes se efectúen directamente por las administraciones públicas, no pudiendo delegarse esta competencia, contratarse o concentrarse con entidades privadas».
«Aguirre acusa a los funcionarios de boicotear la Ley de Dependencia, cuando lo único que hacen éstos es seguir las instrucciones de altos cargos de libre designación, por lo que dicho retraso se debe únicamente a la decisión del Gobierno regional de no agilizar la aplicación de la Ley», reprocharon desde CSIT.
Finalmente, el sindicato recordó al Ejecutivo autonómico que «la privatización y la gestión privada de los servicios públicos no es la solución a los problemas, máxime cuando éstos se pueden paliar mediante la contratación de personal cualificado que, además de crear empleo en la región, garanticen el cumplimiento de la Ley y la correcta aplicación de la misma en Madrid».
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