RRHH Digital. concejal independiente del Ayuntamiento de Galapagar, José Luis Barceló, ha pedido al Alcalde (PP) el cese “fulminante” del edil de Personal y Recursos Humanos, Antonio Rodríguez (Plataforma), por su “incompetencia y por faltar a la palabra acerca de los despidos que se han producido desde el 1 de enero”.
Barceló fundamenta su petición en el hecho de que el “edil tránsfuga dio su palabra tanto a trabajadores como a vecinos de que estos despidos no se iban a producir” y que los servicios públicos “no se iban a ver afectados”.
Barceló cree que “el edil tránsfuga es además un mentiroso porque incluso él y Luis Remacha (Plataforma) llegaron a pagar dos páginas de publicidad” en el periódico local “LA INFORMACIÓN de GALAPAGAR” anunciando que “los despidos no se iban a producir y que todo era por bien de los vecinos”.
Según José Luis Barceló, los ediles tránsfugas, además de “tránsfugas y chaqueteros, no han sido capaces de sostener su palabra de hombres ni siquiera dos semanas”, y piensa que el Alcalde, el Popular Daniel Pérez, “no debe mantener por más tiempo entre sus concejales delegados a personajes que actúan de esta manera”.
Desde Foro Verde-GyU, coalición a la que representa el edil José Luis Barceló, aseguran que al PP “solo le interesa ya mantener la Alcaldía a cualquier coste, motivo por el que no se producen ceses ni dimisiones”.
La supresión de plazas en la plantilla de personal va a suponer el despido seis trabajadores que “deberán reclamar sus derechos a Magistratura”, y Barceló afirma además que el Ayuntamiento va a sufrir en calidad y cantidad de sus servicios públicos, justo “en el mismo momento en que más impuestos y tasas están pagando los contribuyentes”.
El mismo día en que se produjo el Pleno municipal de aprobación de los Presupuestos Generales de Galapagar así como los despidos, Barceló calificó la propuesta del PP y Plataforma como de “descabellada e ilegal” por fundarla en el equilibrio de las cuentas municipales, sin tener en cuenta, destaca el edil independiente, “en qué manera afecta esto a los servicios públicos”. Barceló pidió “la retirada del punto del Orden del Día”, advirtiendo al edil de Hacienda, al Alcalde y al concejal tránsfuga de que “podría estarse cometiendo un delito de prevaricación”, pues era una decisión “injusta a sabiendas”.
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