Controladores y AENA retomarán hoy la negociación del convenio con ánimo de acercar posturas

RRHH Digital. Los controladores aéreos y Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) se sentarán a partir de hoy a la mesa de negociación del convenio colectivo, que permanece bloqueado desde hace cinco años, con ánimo de alcanzar un acuerdo después del conflicto desatado los primeros días de enero por los problemas que afectaron al tráfico aéreo en Canarias y la amenaza de Fomento de publicar «con nombres y apellidos» su salario.

AENA quiere reducir en 500 millones de euros los costes de navegación aérea en cuatro años, para situar las tarifas actuales, las más altas de Europa –un 68% por encima de la media, con el índice de productividad más bajo (0,55%)– en la media de los cinco mayores suministradores de control de Europa.

Para ello, pretende recortar este año en 200 millones de euros el coste de la jornada adicional del colectivo, cuyo salario medio alcanza los 350.000 euros al año. De esta forma, la productividad aumentaría un 20%, se rebajarían las tasas y, por extensión, los precios de los billetes.

Actualmente, «la jornada de los controladores asciende a 1.200 horas obligatorias y 400 horas adicionales; estas últimas suponen el 50% de los ingresos de los controladores y se pagan tres veces más que las horas habituales», explicaron fuentes de AENA a Europa Press.

AENA pretende rebajar a más de la mitad las horas adicionales –de 400 a 242 horas– y pagarlas «al doble en vez de al triple que la hora ordinaria, lo que situaría el salario medio de un controlador por encima de los 260.000 euros anuales».

Por su parte, USCA, el sindicato mayoritario del colectivo que agrupa al 95% de los 2.400 controladores en plantilla, asegura que el sueldo medio se sitúa en los 200.000 euros anuales y defiende que atribuir las altas tasas únicamente al coste laboral es «una cortina de humo» para ocultar problemas de gestión y mala planificación.

Los controladores proponen medidas para propiciar un ahorro de 185 millones de euros este año, que incluyen la reducción del 20% de las horas adicionales –que suponen el 50% de su sueldo–, una mayor flexibilidad de la jornada que permita fijar turnos con menos antelación (ahora trimestral), reducir los costes por jubilación e incorporar 150 plazas para nuevos controladores.

Para AENA, estas medidas sólo supondrían un ahorro de 20 millones de euros, una diferencia «sustancial», respecto a los 200 millones que quiere recortar, para una mejora del 5% de la productividad. Aún así, las mismas fuentes indicaron que la compañía acude con «ánimo» de negociar.

«Sí de verdad se quiere llegar a un acuerdo habrá que realizar un esfuerzo por ambas partes; hay ganas de recuperar la normalidad y de que se cree cierto entorno de estabilidad para ello», aseguraron a Europa Press desde USCA, tras reconocer que su «retribución es variable» y necesita «un equilibrio cuanto antes».

Así las cosas, USCA confía en llegar a «un punto de encuentro» que permita alcanzar un acuerdo «a medio plazo», aunque «no será en esta semana». No obstante, recalca su disposición al diálogo.

CONTROLADORES MILITARES.

Sobre la posibilidad de que controladores militares se incorporen a AENA, el gestor aeroportuario aclaró «que necesitarían una licencia de controlador aéreo civil y cumplir una serie de requisitos como cualquier otro profesional», lo que «no quiere decir que pasen a trabajar en la compañía».

En octubre, el Gobierno aprobó un decreto que permite homologar las licencias y que abre la puerta a controladores de otros países de la UE, con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) como organismo supervisor, aunque el Estado Mayor del Ejército del Aire será la autoridad militar encargada de las funciones previstas para los controladores militares.

Pese al ofrecimiento de más de un centenar de controladores militares, AENA es contundente: «No hacen falta, ni son necesarios más controladores». «Aunque se homologuen sus licencias no podrán incorporarse como controladores civiles si no se sacan nuevas plazas», puntualizaron fuentes del ente público, que no lo ven probable.

España es el segundo país de la UE, por detrás de Francia, por número de controladores, pese a ser el cuarto por tráfico aéreo. Ante esta iniciativa, los controladores civiles «no tienen nada que objetar», siempre y cuando «no suponga la retirada de personal previamente» y se sometan al proceso requerido.