RRHH Digital. UGT exige a las Comunidades Autónomas que se comprometan con los parados que no perciben ninguna prestación (algo más de un millón) bien a través de las rentas de inserción social, establecidas en sus ámbitos territoriales, o mediante la implantación de programas de empleo dirigidos a estos colectivos. El sindicato demanda, además, al Gobierno de la Nación que el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción (por el que se establece una prestación de 420 euros a los parados que han agotado sus prestaciones, siempre y cuando se comprometan a realizar un curso de formación) se prolongue en el tiempo si la situación así lo requiere. Y es que en un año, se han disparado los perceptores de prestaciones por desempleo, especialmente de las asistenciales (que crecieron un 80%, dato de octubre), lo que denota las graves dificultades de los desempleados para encontrar trabajo.
Las prestaciones por desempleo son un derecho, cumplen una función social primordial y son esenciales en época de crisis porque contribuyen a paliar la caída del consumo, primordial para la reactivación económica.
Los datos sobre prestaciones contributivas y asistenciales en nuestro país reflejan el grave carácter de esta crisis:
El número perceptores de prestaciones por desempleo, a mes de octubre, asciende a 2.773.978, un 40% más que hace un año (o lo que es lo mismo, 788.431 personas), con lo que 1.034.375 se quedan fuera del sistema, sin percibir ninguna de estas prestaciones.
Han aumentado las prestaciones contributivas, pero sobre todo las asistenciales. Así, el número de perceptores de las prestaciones contributivas en octubre fue de 1.594.318 personas (un 28,6% más que hace un año), mientras que el número de prestaciones asistenciales se situó en 911.287, lo que representa, nada menos, que el 80,1% más que hace un año.
Por otro lado, los perceptores más numerosos de la prestación contributiva provienen del sector industrial (44,5% más que hace un año), sector donde los empleos son más estables, mientras que los perceptores de las asistenciales provienen, en su mayor parte, del sector de la construcción (141% más que hace un año) y del sector servicios (85% más que hace un año), ambos se definen por sus altas tasas de temporalidad y rotación (la corta duración de los contratos hace que una gran parte de estos trabajadores no hayan cotizado el tiempo suficiente para tener derecho a una contributiva o que ésta se les agote mucho antes).
Desde el inicio de la crisis y hasta el mes de mayo de este año, los beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo accedían a las mismas principalmente por la finalización del contrato (es decir, eran asalariados con contrato temporal).
Desde ese mes, son más los que acceden a la prestación provenientes de cese por despido (754.504 en el mes de octubre, frente a los 718.310 beneficiarios por finalización del contrato). Con estos datos se observa que la destrucción de empleo comenzó en los contratos temporales, pero desde mediados de año se está destruyendo ya empleo de carácter indefinido.
Así, un gran número de los que acceden a la prestación asistencial es por este motivo, porque han agotado ya la prestación contributiva (407.271 personas en el mes de octubre). Un dato preocupante es el incremento de los mayores de 45 años que acceden por esta causa a la prestación asistencial (aumentaron en un 145,5% más que hace un año, siempre teniendo como referencia octubre).
Por género, se observa que la prestación asistencial la perciben ahora más hombres que mujeres, porque ha crecido espectacularmente el número de hombres perceptores de esta prestación: hay 458.108 hombres frente a 453.179 mujeres, ya que mientras en el caso de los hombres el porcentaje respecto hace un año se incrementó en un 107,3%, en el caso de las mujeres lo hizo en el 59%.
El alto porcentaje de prestaciones asistenciales provocadas por el agotamiento de la prestación contributiva denota las grandes dificultades de los desempleados para encontrar un empleo y volver a reincorporarse al mercado de trabajo. De ahí, la importancia de la Ley 14/2009 que regula el Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción y que parte de la iniciativa sindical (UGT instó a que esta norma recogiera la ampliación de los 420 euros a los desempleados que agotaron sus prestaciones desde el 1 de enero de 2009).
Esta ley vincula de manera directa las políticas pasivas con las políticas activas, estableciendo cursos de formación con el objeto de facilitar la inserción en el mercado de trabajo de los que han agotado sus prestaciones. UGT ha demandado ya que esta medida se mantenga en el tiempo, mientras dure la crisis económica. Asimismo, para el millón de parados que no percibe ninguna prestación, ha instado a las Comunidades Autónomas para que realicen los esfuerzos económicos y presupuestarios oportunos para solucionar esta situación, bien a través de las rentas de inserción social, establecidas en sus respectivos ámbitos territoriales, o mediante la implantación de programas de empleo dirigidos a estos colectivos.
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