Amas de casa que buscan un trabajo por horas para llevar unos ingresos extra a casa, estudiantes que han acabado la carrera y optan por dar clases particulares al no encontrar empleo o albañiles que se ofrecen para hacer chapuzas tras haber sido despedidos. Son perfiles laborales que tienen como denominador común su carácter irregular porque el cobro de los servicios prestados se realiza bajo cuerda sin disponer de alta en la Seguridad Social. Una práctica ilegal difícil de detectar por las administraciones y cada vez más en boga como consecuencia de la crisis económica.
Las cifras de las personas que recurren a estos trabajos para llegar a fin de mes no son fáciles de calcular aunque se pueden establecer algunas aproximaciones si se comparan los datos de la última Encuesta de Población Activa, correspondiente al tercer trimestre del año pasado, con la estadística de afiliados a la Seguridad Social del mismo periodo. Así, la primera revela que la provincia cuenta con 65.700 personas que pertenecen al colectivo de población ocupada, mientras que el volumen de trabajadores dados de alta en el segundo registro se limita a 64.152 personas. La resta entre ambos índices, es decir, 1.548, correspondería a los zamoranos que trabajan al margen de la legalidad laboral.
Otra de las fórmulas que pueden servir para descubrir otra parte de la economía sumergida de la provincia también se basa en una comparación, esta vez entre los datos del paro y los referentes a los beneficiarios de prestaciones por desempleo.
Para comparar el mismo periodo, de los 13.157 zamoranos apuntados a las listas del desempleo el pasado mes de noviembre, sólo 7.713 cobraban algún tipo de subsidio. Esto significa que 5.444 zamoranos no tienen trabajo y supuestamente no cuentan con ningún ingreso. Eso o que realizan alguna actividad laboral que cobran en negro porque en la provincia sólo se han presentado 481 solicitudes para acceder a la ayuda de 420 euros mensuales que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero otorga a través de la Junta a las personas que han agotado las prestaciones por desempleo.
A esta circunstancia también se suma que de los 7.713 parados que cobran una prestación por desempleo, un porcentaje indeterminado de ellos desarrollan un trabajo por el que también perciben un salario por lo que cuentan con un sobresueldo. Este es el caso de las personas desempleadas a las que les interesa seguir cobrando el paro y recurren a picarescas para rechazar los programas de inserción laboral que les facilita el Servicio Estatal de Empleo.
Unas tácticas que en todo caso constituyen un auténtico fraude tanto a la Seguridad Social como a la Agencia Tributaria, ya que se pierde la cotización de los trabajadores, que tampoco declaran el IRPF.
Por ello, el presidente de la patronal zamorana, Ángel Herrero, es partidario de «atajar desde la inspección este tipo de picaresca, que se da en todo tipo de sectores». Considera que este tipo de trabajos son un ejemplo de «competencia desleal por parte de los empresarios que emplean a trabajadores que están en el paro y que hay que combatir por todos los medios».
El secretario provincial de CCOO, Eugenio González, califica como otro tipo de fraude los despidos de obreros de la construcción durante estas fechas por la paralización del sector.
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