La Junta de Extremadura destacó hoy el «gran avance» que se ha producido en los últimos años en materia de inserción laboral de las personas con discapacidad, y que ha sido fruto de «un esfuerzo realizado de manera coordinada desde los sectores públicos, el movimiento asociativo, los empresarios y la propia sociedad».
En este sentido, el Gobierno regional señala en nota de prensa que «continúa trabajando», a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (SEPAD), «para promover la inserción laboral de personas con discapacidad y, en concreto, con discapacidad intelectual, conscientes de la importancia que esta faceta de la vida tiene para el desarrollo de estas personas».
Explica la Junta que este proceso se ha impulsado en distintos frentes, entre los que citó el aumento de la cuota de reserva de plazas, la ampliación de las bonificaciones a las empresas que contratan a personas con discapacidad y el incremento las exenciones fiscales y de cotización a la Seguridad Social.
Asegura que la Junta es «sin duda, la empresa que ha protagonizado mayor empuje en la inserción laboral de personas con discapacidad».
ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO
Recuerda el Gobierno regional que en 2003 publicó un Decreto que regulaba el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Administración de la Comunidad Autónoma e introducía cambios sustanciales, como el establecimiento de una reserva de plazas del 5 por ciento, respecto al 3 por ciento existente anteriormente.
Sin embargo, lo más novedoso del Decreto es, a su juicio, que «del 5 por ciento de plazas reservadas para personas con discapacidad, se reserva un cupo no inferior al 0,5 por ciento para personas con discapacidad psíquica originada por retraso mental».
Para este tipo de convocatoria se realizan pruebas independientes, tanto del turno de discapacidad general, como del turno libre y crea, además, el Consejo Asesor para la Integración de las Personas con Discapacidad en el Empleo Público de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objeto de llevar a cabo un seguimiento de las medidas que contiene el Decreto.
Los requisitos para acceder a estas convocatorias son tener reconocido un Grado de Discapacidad igual o superior al 33 por ciento, poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de los puestos a que se aspira, estar en posesión del certificado de escolaridad y tener cumplidos 18 años.
TRIBUNALES ESPECÍFICOS
Señala el Gobierno regional que a estas convocatorias se presentan un gran número de personas, por ese motivo, para desarrollar las pruebas selectivas y realizar todo el proceso de selección, se elige un tribunal formado mayoritariamente por profesionales del área de discapacidad.
En este sentido, explica que «dado lo específico de la convocatoria, requiere elaborar una prueba adaptada a las características de los candidatos», basándose en los contenidos que expresa la orden, que permita seleccionar a las personas más cualificadas pero adaptada en tiempo y medios para todos los aspirantes.
El proceso conlleva también, que una vez superada la fase de concurso oposición, se realice un curso de formación presencial y tutorizado con el objetivo de «facilitar la incorporación de los aspirantes al nuevo puesto de trabajo, favorecer su integración, prever una buena acogida y procurar que encuentren los apoyos necesarios en todo momento», señala el Gobierno regional.
La ubicación de los puestos de trabajo se distribuye en ambas provincias de la región, teniendo presente la localidad de residencia de los aprobados, si bien, el orden de elección de plazas se realiza en función de las puntuaciones obtenidas.
«Este es un nuevo camino en el ámbito de la inserción laboral de personas con discapacidad intelectual que abre un futuro prometedor para este colectivo», asegura el Gobierno regional, quien añade que prueba de ello son las experiencias que ya existen.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.