Los funcionarios del Consejo de la Unión Europea estarán hoy jueves en huelga durante toda la jornada a menos que antes se alcance un acuerdo sobre la subida salarial del 3,7% a la que en este momento se oponen unos 15 Estados miembros.
En la negociación mantenida ayer en el Comité de Representantes Permanentes (Coreper) a nivel de Embajadores, no se acercaron posiciones por lo que, salvo que se retome este asunto y se logre un acuerdo a última hora, se mantendrá la protesta.
De hecho, hoy el personal del Consejo volvió a reunirse en asamblea general en el hall del edificio Justus Lipsius, convocado por los tres principales sindicatos de eurofuncionarios, para exigir el respeto a «todas las disposiciones del Estatuto» y en especial a las referidas a la «adaptación anual de las remuneraciones».
El aumento salarial anual de los funcionarios europeos se basa en un cálculo matemático que tiene en cuenta el salario de empleados públicos de ocho Estados miembros y el coste de la vida en Bruselas.
Los ocho países son Bélgica (con un incremento del 4,4% en los salarios de sus funcionarios nacionales en 2008), Alemania (3,1%), España (4,3%), Francia (3,8%), Italia (2,4%), Luxemburgo (4,5%), Países Bajos (2,3%) y Reino Unido (0,3%).
Los sindicatos piden también a la Comisión Europea mantener sin cambios la propuesta de subida salarial anual que rige actualmente e invita a colegas de otras instituciones comunitarias a sumarse a la huelga.
Este martes varios centenares de funcionarios europeos ya protagonizaron un paro de tres horas en la sede del Consejo Europeo para defender que la subida es un ajuste anual «objetivo». A pesar de las protestas la celebración de los Consejos de Ministros no se ha visto ni se verán afectados porque el reglamento prevé mecanismos para garantizar el normal desarrollo de los mismos.
El sueldo de un funcionario expatriado de alguna de las instituciones o agencias europeas oscila entre 2.500 euros brutos de una secretaria y los 17.500 euros de un director general. El aumento de sueldo que se discute afectará a unos 50.000 funcionarios.
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