El colectivo de Técnicos de Hacienda (Gestha) valora positivamente el compromiso del Gobierno de presentar un plan de austeridad y ahorro de las administraciones públicas en el marco del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, si bien solicitó que se termine con gastos públicos como la publicidad institucional, los costes de representación o las dietas de los consejos de administración de empresas públicas.
En este sentido, Gestha pidió al Ejecutivo que además de recortar sensiblemente el gasto público, «dé ejemplo», ya que en la actualidad las administraciones públicas están externalizando una serie de servicios cuando tienen medios personales y materiales suficientes para ser asumidas por ellos mismos.
Así, los Técnicos señalaron la necesidad de terminar con la externalización de la auditoría del sector público empresarial, con el servicio de atención telefónica (que supone un coste de unos 20 millones de euros), así como los programas de ayuda a la declaración de la renta.
«Igualmente, los técnicos de Auditoría y Contabilidad, con sus recursos actuales, podrían ejecutar el control público sobre los auditores privados, una actividad que también está subcontratada por el propio Ministerio de Economía y Hacienda«, añadieron.
LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y CONTROL DE LAS AYUDAS PUBLICAS
Por otro lado, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, lamentó que se incremente la reducción en el IRPF al 60% de las rentas obtenidas por los arrendadores en lugar de mejorar la lucha contra el fraude en los alquileres, recordando que el 54% de ellos escapan al control del fisco.
En este sentido, calificó de «mal menor» la propuesta de reducir de 35 a 30 años la edad del arrendatario para que las rentas por alquiler que percibe el propietario queden libres de tributación.
No obstante, Mollinedo compartió la mejora de la deducción del inquilino de vivienda y la supresión gradual de la deducción por compra de vivienda habitual, aunque discrepó de la forma, proponiendo una reducción de los tipos progresiva en el tiempo. Además, propuso modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos para reducir a dos meses los desahucios de viviendas por impago de las rentas de alquiler.
Finalmente, lamentó que no se haya dado prioridad a la lucha contra la economía sumergida, como indicaba la resolución de economía sostenible del Congreso tras el debate del estado de la Nación del pasado 19 de mayo, a través de una mejora de la Ley de Prevención del Fraude, «un capítulo importante éste teniendo en cuenta que supone un montante de 240.000 millones, es decir, más del 23% del PIB».
Según Gestha, «con un plan eficaz de lucha contra el fraude y con la autorización de los más de 8.000 técnicos de Hacienda se podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea».
«Esta autorización supondría la recaudación cada año de unos 25.000 millones de euros adicionales solo por impuestos defraudados y otros 13.000 millones por cuotas de la seguridad social impagadas», sentenció.
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