Sindicatos y oposición criticaron ayer la decisión del Ayuntamiento de Madrid de volver a cambiar todas las ventanas del Palacio de Cibeles, tan sólo un año después de la remodelación del interior del edificio, cuyas obras aún no han concluido, y reprocharon al Ejecutivo local tanto el «despilfarro» de dinero público que estas obras suponen como el perjuicio que causan a los trabajadores, que deben convivir con la reforma.
En concreto, se están cambiando todos los marcos de las ventanas de aluminio actuales, de 3 metros por 3 metros, para que no se abran, algo que según algunos trabajadores podría solucionarse simplemente quitando las manillas de las ventanas y trancando las ventanas, sin necesidad de hacer obra y comprar nuevas ventanas.
Por su parte, el portavoz de IU en la comisión de Hacienda, Daniel Morcillo, criticó en declaraciones a Europa Press que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo ha convertido el Palacio de Cibeles en «un agujero negro que sólo supone más dinero», sino que además «cada vez va aislándose más de la ciudad».
«Por una parte, criticamos la obra y las pretensiones e ínfulas del alcalde, que ahora agudiza ese aislamiento que tiene de la ciudad. La ciudad no va con él, está al margen, por encima del bien y del mal, y no sólo se traslada para no estar cerca del pueblo y sus tradiciones, sino que se aísla cada vez más de todo lo que le puede ‘manchar'», apostilló Morcillo.
Pero además, IU se preguntó si el Consistorio «utilizará el FEIL de 2010 para esta obra, por aquello de la sostenibilidad», y destacó que «al final este edificio va a tener un gran consumo, un gran despilfarro, energético, porque ignora los mínimos principios de la sostenibilidad en la arquitectura». «Supone un despilfarro de dinero y un despilfarro energético que también costará dinero, ahora y en el futuro», zanjó.
RIESGOS LABORALES
Por su parte, el secretario general de UGT en el Ayuntamiento, Luis Miguel López, se preguntó el motivo del cambio de las ventanas –«¿Es que al alcalde no le gusta que, mientras hay actos en el patio, los trabajadores se asomen?»– y además consideró que «no es normal que en época de crisis se gasten un dineral en cambiar unas ventanas que están nuevas y bien».
Por otra parte, López apuntó asimismo que, si el edificio ya adoleció de medidas de seguridad en un primer momento tras el traslado de los trabajadores, situación que «fue denunciada ante la Inspección de Trabajo», ahora la situación no ha mejorado, especialmente viendo las condiciones que sufren los funcionarios con cada nueva fase de las obras del edificio.
«Queremos que se cambie a los trabajadores de sitio mientras duren las obras de cambio de ventanas y las demás que les pueden afectar, porque no pueden seguir así», zanjó el líder sindical.
También el secretario laboral de CC.OO., José Luis Gil Calzado, coincidió con esta reclamación, apuntando que su sindicato hizo una visita al Palacio de Telecomunicaciones y, «efectivamente, algunos trabajadores están expuestos a polvo, ruido, olores de disolvente, etcétera». «Hemos hecho un informe y se lo hemos enviado a los servicios de prevención del Ayuntamiento para que vayan los técnicos y actúen», apostilló.
QUEJA ANTE EL CONSISTORIO
De hecho, el secretario general de Manos Limpias en el Consistorio, Miguel Bernad, ha ido incluso más allá, presentando una queja ante el delegado de Hacienda, Juan Bravo, en la que le piden que explique el cambio de las ventanas y el coste que supone para las arcas municipales, y que tome medidas para garantizar la protección de la salud de los trabajadores.
En declaraciones a Europa Press, Bernad indicó que «tras la obra multimillonaria del palacio, ahora resulta que a los concejales que están allí metidos no les gusta y han procedido al cambio de determinadas estructuras de ventanas, algunas puertas, etcétera», y calificó al edificio del «ambiciones» de Gallardón.
«Después de sólo un año desde que se ocupó el edificio se remodelan todas las ventanas, tanto las que dan a la plaza de Cibeles como las que dan a Montalbán. Los funcionarios están ‘cabreados’ porque están trabajando con andamios y con el polvo entrando por todas partes, lo que genera su absoluto rechazo», continuó, añadiendo que «ese ambiente no es ni saludable ni nada acorde con las condiciones de trabajo que deberían tener».
En concreto, la queja presentada a Bravo critica el coste de la remodelación del palacio, «que contribuyó a aumentar el tremendo déficit del Ayuntamiento»; la «falta de previsión y planificación» que demuestra este cambio; la «pésima gestión y el perjuicio a los contribuyentes» que causa el Gobierno local; y que las obras «se están efectuando con la presencia de funcionarios y trabajadores, causándoles un perjuicio en sus condiciones de trabajo».
Tan sólo CSIF argumentó, en declaraciones a Europa Press, que «los trabajos se están haciendo sin muchas molestias para los trabajadores, tapando con paneles las zonas de obra».
El Ayuntamiento, por su parte, declinó comentar sobre el asunto, aunque el propio delegado de Hacienda, Juan Bravo, adelantó hace un par de meses que en el último trimestre del año se producirían nuevas modificaciones presupuestarias dadas las «peculiaridades del edificio y la dificultad de las obras».
En cualquier caso, rechazó por «demagógicos» los cálculos de 463 millones de euros invertidos en este proyecto que calculan los socialistas, y apuntó que la primera de las dos fases de la remodelación costó 24 millones de euros, mientras que la segunda y actual fue licitada inicialmente por 67,3 millones y adjudicada por 48,7.
También existe un contrato de consultoría y asistencia para la redacción del proyecto y dirección de obra por un importe de 3,4 millones, a lo que habría que unir el importe de las obras complementarias de recubrimiento del aparcamiento de la calle Montalbán por 4 millones de euros.
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