El Estado español pagó entre 2004 y 2008 un total de 3.325.490,09 euros por procesos de despido declarados improcedentes en los juzgados de la Comunitat Valenciana. De esta cantidad, la provincia que requirió un mayor esfuerzo económico fue el juzgado de los social de Alicante, con 1,5 millones, según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria a la diputada ‘popular’ Inmaculada Bañuls, consultada por Europa Press.
Por lo que se refiere al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acumuló en este periodo un gasto de 884.198,97 euros. Diferenciado por años: en 2004 fueron 127.015,57, en 2005, 208.411,59; en 2006, 139.996,52, en 2007, 187.253,77 y en 2008, 221.521,52.
En los juzgados de los social, la provincia de Alicante acumuló gastos por 1.563.547,78. Por años: en 2004, 230.073,30 ?; en 2005, 272.723,29; en 2006, 358.307,36; en 2007, 450.099,03; en 2008, 252.344,80.
En la provincia de Valencia, en los cuatro años el importe global ascendió a 767.363,53. Por años: en 2004 fueron 136.925,55; en 2005, 82.365,63; en 2006, 86.575,92; en 2007, 276.952,90 y en 2008, 184.543,53.
Por lo que se refiere a la provincia de Castellón, la cifra acumulada de los cuatro años fue de 110.379,81. Así, en 2004, la cantidad fue de 126,75; en 2005, 17.158,78; en 2006, 58.427,06; en 2007, 129,88 y en 2008, 34.537,34.
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