RRHH Digital. El proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual que el Ejecutivo ha aprobado, y que se encuentra ya en su trámite parlamentario, deroga toda la legislación vigente del sector, desde la ley del tercer canal, la ley de la televisión privada, de las emisoras municipales de radio, de televisión local, la ley general de telecomunicaciones y la ley de impulso de la televisión digital terrestre, y así hasta 14 leyes.
Para CCOO, el sector requería una ordenación, sobre todo por la adecuación a la normativa europea, pero este proyecto supone una desregulación que va a permitir, a quienes desde la gestión más criticable han manifestado su voluntad de privatizar las radiotelevisiones públicas autonómicas de su competencia, tirar por tierra proyectos empresariales públicos de más de 20 años de andadura, sin tener en cuenta el esfuerzo de sus profesionales.
CCOO critica del proyecto la eliminación del concepto de servicio público, que queda reducido de forma marginal a las radiotelevisiones de titularidad estatal y autonómica. El proyecto de ley deja el servicio público como un elemento marginal, con la correspondiente pérdida de liderazgo de los medios públicos y abriendo la posibilidad de la gestión indirecta.
Asimismo, al excluir a los operadores privados de ese servicio público, se les exonera de su responsabilidad como operadores de un servicio estratégico que, a su vez, es un derecho de los ciudadanos: recibir información y contenidos de calidad. De esta manera los ciudadanos no tienen garantizado su derecho a recibir y participar en la información y demás ofertas audiovisuales, ni la posibilidad de exigirlas.
El texto legal propuesto por el Gobierno articula la concesión de licencias sin ninguna obligación para las empresas adjudicatarias. Para CCOO, la ley debe comprometer las licencias y los contratos mercantiles suscritos con el Estado a un mínimo de producción propia interna, como garantía de estabilidad y empleo de calidad. Esto podría evitar lo que ya se viene padeciendo desde las televisiones privadas, a costa de hacer negocio con esas licencias y de reducir costes laborales, sin respuesta de la Administración por los incumplimientos de la Ley de la Televisión Privada.
CCOO sigue apostando por un sector audiovisual que informe, entretenga y eduque, ya sea desde las radiotelevisiones de titularidad estatal como desde los operadores privados, respetando el cumplimiento del marco normativo tanto sectorial, como laboral y social, por lo que está redoblando sus esfuerzos desde las empresas afectadas y desde las instituciones, para conseguir las modificaciones necesarias de esta futura ley.
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