Los ministros de Economía de la UE empezarán a discutir hoy cuándo se retiran los planes de ayuda a los bancos diseñados hace un año para hacer frente a la crisis financiera. La Comisión Europea recomienda que los avales para la deuda emitida por las entidades comiencen a suprimirse ya en junio de 2010.
Hasta ahora, los países de la UE han apoyado hasta ahora a sus sectores financieros con medidas que suponen alrededor del 13% del PIB. Si se suman los fondos aprobados y todavía no utilizados, el porcentaje asciende al 31% del PIB. La mayor proporción (7,9% del PIB en cuanto a medidas utilizadas, 24,7% del PIB en cuanto a medidas aprobadas) corresponde a garantías sobre la deuda bancaria, según los datos de Bruselas.
En España, las medidas de apoyo al sector bancario ascienden al 21,9% del PIB, pero sólo se han utilizado por valor del 5,8%. De ellas, los avales suponen el 19,1%, y hasta ahora se han utilizado por valor del 4%.
Aunque los bancos se han beneficiado de la mejora de la situación económica, la UE considera que la recuperación sigue siendo «frágil», por lo que «todavía es claramente prematuro iniciar la retirada general de los planes de apoyo financiero». Eso sí, es imprescindible empezar ya a diseñar la «estrategia de salida» para volver a una situación de normalidad, según se recoge en el documento preparatorio que discutirán los ministros elaborado por expertos de los Veintisiete.
Mantener estos planes más tiempo del necesario «incrementa el riesgo de distorsiones de competencia» y permite la supervivencia de bancos «que no serían rentables sin ayudas públicas». Al mismo tiempo, una salida «prematura» podría «debilitar y desestabilizar el sector financiero». Para determinar el momento exacto en el que retirar los apoyos hay que tener en cuenta factores como la consolidación de la recuperación económica, la fortaleza de los balances de los bancos o el funcionamiento de los canales de crédito, señala el Ecofin.
Los 27 ven necesario coordinar sus estrategias de salida para evitar efectos colaterales negativos, por ejemplo, el «efecto estigma» para aquellos bancos que sigan recibiendo ayudas públicas cuando los demás las han dejado, o el riesgo de que muchas entidades renuncien a las recapitalizaciones públicas y necesiten acudir al mercado para aumentar capital al mismo tiempo. No obstante, ello no significa que todos los Gobiernos deban actuar al mismo tiempo, sino que deberá tenerse en cuenta la situación de cada país.
La estrategia de salida deberá producirse por fases, y empezará por los avales públicos a la deuda emitida por las entidades, según recoge el documento. Para eliminarlos progresivamente, los ministros de Economía discutirán dos opciones. En primer lugar, esperar a la expiración de los avales, lo que permitiría una «salida natural» de los planes de ayuda. La ventaja de esta opción es que tiene en cuenta la situación en cada país. Pero existe el riesgo de que algunos bancos se sientan «demasiado cómodos» y retrasen las reestructuraciones necesarias.
La segunda opción consiste en aumentar progresivamente el precio de los avales. Ello limitaría las distorsiones de competencia y obligaría progresivamente a los bancos a volver al mercado, forzando la reestructuración de aquellos que lo necesiten. El Ejecutivo comunitario ha propuesto que este endurecimiento gradual de las condiciones de los avales empiece a aplicarse en junio de 2010 y se anuncie oficialmente a finales de 2009 para garantizar la transparencia y la predictibilidad en el mercado. Los ministros de Economía debatirán el martes si consideran adecuadas estas fechas.
Al Gobierno no le preocupa que la UE empiece a discutir ya la retirada de los planes de ayuda a los bancos, pese a que en España el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) todavía no ha empezado a dar sus ayudas a las cajas de ahorros. Las autoridades españolas creen que la estrategia de salida tendrá en cuenta la situación en cada país, según informaron fuentes diplomáticas. Por ello, no se impedirá que España haga ahora lo que se permitió hacer a otros países antes, porque ello sería un «tratamiento discriminatorio», según las fuentes.
AUMENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN
Los ministros de Economía analizarán además el reciente informe del Ejecutivo comunitario que alerta de que la crisis financiera ha agravado los problemas de sostenibilidad de las financias públicas de la mayoría de los Estados miembros a largo plazo. Según el análisis de Bruselas, las cuentas públicas españolas se encuentran en una situación de «muy alto riesgo» debido al impacto de la crisis financiera y el aumento del gasto público relacionado con las personas mayores previsto para los próximos años, que será uno de los más elevados de la UE .
Los Veintisiete aprobarán un texto de conclusiones que reclama «reformas completas y apropiadas» de los sistemas de pensiones. «La adopción de medidas destinadas a contrarrestar los efectos financieros del aumento previsto de la longevidad, como la ampliación de la vida laboral y el aumento de la edad de jubilación, ajustados al aumento de la longevidad, es un punto clave que debe estudiarse seriamente en los Estados miembros», señalan las conclusiones.
El Ecofin también reclamará la vuelta a posiciones fiscales sostenibles tras la crisis y defenderá que la reducción del déficit y la deuda vaya acompañada por reformas estructurales. Finalmente, los ministros destacarán la importancia de evitar el paro de larga duración y aumentar la población activa.
Los ministros de Economía de los Veintisiete cerrarán además un acuerdo político para aumentar el nivel mínimo de impuestos especiales sobre el tabaco en toda la UE . Fuentes diplomáticas aseguraron que este incremento no tendrá ningún efecto en España porque, tras la subida aprobada el pasado junio, el nivel de impuestos sobre el tabaco ya está por encima de los mínimos que exigirá la nueva norma.
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