El Gobierno remitirá a la Cámara en el primer trimestre de 2010 una comunicación que contenga la evaluación de la aplicación de la Ley del Salario Social Básico durante los años 2008 y 2009, así como la situación económica-social de los asturianos en situación de desempleo en el presente año, detallando en el mismo el número de personas que reciben prestaciones sociales y económicas devengadas por el Estado y por el Principado en cada caso.
Lo hará en cumplimiento de una proposición no de Ley presentada en el Pleno de hoy por parte del grupo parlamentario socialista que contó con los votos favorables de los parlamentarios del PSOE y de IU-BA-Verdes.
La diputada del PP, Inmaculada González, fue la encargada de defender la proposición no de ley, y recordó que hay 23.000 personas en Asturias que no tienen ningún ingreso ni están recibiendo prestación alguna. «No es demagogia, la situación es la que es», dijo González que indicó que «no tiene ningún capricho por conocer esta situación, pero consideró que para aplicar una medicina hay que hacer un buen diagnóstico».
La diputada del grupo parlamentaria socialista, Clara Costales, indicó que la diputada del PP pide unos datos «que ya tiene porque los ha aportado en el Parlamento», y destacó que además está solicitando datos que no son competencia de la Administración autonómica.
Costales afirmó que quizás fuese también interesante que el informe solicitado aporte además información comparativa con esta misma situación en otras comunidades, ya que recordó que no está de más ver como las ayudas varían en una u otra comunidad. «Para el PSOE las ayudas a las personas en riesgo de exclusión son un compromiso que va mucho más allá de las palabras», dijo la diputada socialista
La diputada del grupo parlamentario de IU-BA-Verdes, Emilia Vázquez indicó que su grupo es favorable a facilitar los datos que se solicitan, aunque indicó que le sorprende que la diputada del PP solicite esa información «después de todos los datos que ella aportó».
Dijo además que a la hora de la tramitación de la información se deberá tener en cuenta que hay datos que no corresponde tener a la administración del Principado.
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