Intersindical Canaria (IC) impulsará la convocatoria de una huelga general de empleados públicos en el archipiélago para la primera quincena del mes de diciembre, sin descartar que la misma se extienda a la globalidad de los sectores laborales en las islas.
Así lo informó IC en un comunicado, en el que adelanta que trasladará esta iniciativa la próxima semana al resto de sindicatos al entender que, «con carácter inmediato, hay que dar una respuesta contundente al proceso de degradación social y laboral que sufre el archipiélago».
La decisión de convocatoria de huelga general, acordada por la Coordinadora de Empleados públicos de Intersindical Canaria, fue tomada ayer tras evaluar las medidas del Gobierno autónomo dirigida al «desguace de los servicios públicos en un contexto global de grave retroceso social en materia de empleo, salarios y, globalmente, en el estado de bienestar de los canarios».
Según IC, «contrariamente a promover el diálogo social planteado por los agentes sociales, el Gobierno de Coalición Canaria y PP, reincide en una vorágine de medidas que en la práctica, suponen sabotear los pilares sobre los que descansa la protección social de los ciudadanos».
«MERMA DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS»
«Los salvajes recortes presupuestarios para Sanidad Educación, o en Asuntos Sociales que incidirán drásticamente en la merma de la calidad de los servicios y en la quiebra de derechos laborales, contrastan con la potenciación de las inversiones en áreas como la policía autonómica, los medios de propaganda del Gobierno o el monumental impulso al séquito de servidores y cargos públicos en torno al actual Ejecutivo», añade IC.
La organización entiende que «en un contexto de paro y pobreza generalizada entre la población, con los peores indicadores sociales en relación a la media española y europea, las indemnizaciones multimillonarias a las que ha sido condenado el Gobierno por escándalos como Tebeto o Montaña Rayada, haciendo recaer su pago sobre el contribuyente y con recortes en la financiación de servicios básicos, confirma que la organización social que pretende el Gobierno avanza hacia va a estar inspirado en un régimen despótico y absolutista».
Tras haber alcanzado un acuerdo de financiación con el Gobierno español, considerado «satisfactorio» por el propio Ejecutivo canario, y tras haber respaldado los Presupuestos Generales del Estado al valorarlos como «apropiados» para los intereses de Canarias, IC se pregunta «qué argumentos le quedan al presidente canario, Paulino Rivero, para su política de salvaje ajuste y de desmembración social».
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