2 de noviembre de 2024
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ATA pide «medidas urgentes» para facilitar la financiación y frenar la morosidad»

ATA pide "medidas urgentes" para facilitar la financiación y frenar la morosidad"

El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, solicitó hoy «medidas urgentes» para hacer frente a la situación del colectivo, que calificó como «insostenible». En concreto, reclamó que se facilite el acceso a la financiación a través de créditos bancarios y que se frene la morosidad.

   El presidente de ATA se pronunció en estos términos en declaraciones a los medios de comunicación antes de inaugurar la Asamblea General Extraordinaria de Trabajadores Autónomos de la Comunitat Valenciana. El acto también contó con la participación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

   Para Amor, «a día de hoy la situación está peor que hace un año, pero mejor que el año que viene», ya que «ocho de cada 10 autónomos de España siguen sin acceder al crédito». Al respecto, manifestó que los empresarios «necesitan» financiación para seguir con su actividad y añadió que «un autónomo sin crédito es como un coche sin gasolina».

   Del mismo modo, censuró que «la morosidad sigue creciendo» y que «ya son 30.000 millones de euros los que se deben a proveedores, autónomos y pymes». Así, reprochó que «nadie paga a 60 días como establece la ley» y que «si tiene delito que la morosidad privada vaya incrementándose, más fuerte es que haya administraciones públicas que no hayan pagado su factura a proveedores autónomos y pymes un año después».

   Por ello, reclamó a los Gobiernos central y autonómico que «piensen un poco más en los autónomos», ya que representan el 80% del tejido empresarial español. «No somos un país de Ford, Opel o el Corte Inglés, somos un país de autónomos», destacó Amor.

   Asimismo, se refirió a los datos de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que refleja que 375.000 autónomos «se han quedado en el camino sin ningún tipo de prestación, incluidos los 420 euros» que se destinan a los desempleados que hayan agotado sus prestaciones.

   Para el presidente de ATA, los autónomos «siguen siendo ciudadanos de segunda» porque «cuando se habla de prestaciones y de no dejar en la cuneta a nadie se olvidan de que en España hay 3 millones de autónomos, que durante muchos años han estado vitoreados como creadores de empleo y riqueza y que, en estos momentos de crisis, se están quedando en el camino». 

   Amor señaló que en España «se han tomado 87 medidas que son como 87 aspirinas, pero no se ha cogido la economía con un bisturí para hacer una cirugía en toda regla». Por ello, auguró que la recuperación española «no será como la del resto de países de la UE», sino que «será lenta y la economía tardará en despegar porque el lastre es muy grande».

REIVINDICACIONES DE AUTÓNOMOS EN LOS PGE

   Por su parte, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá explicó durante su intervención que el PP ha presentado varias enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en las que se recogen las reivindicaciones de los autónomos.

   En concreto, destacó la propuesta de una rebaja selectiva al 20% del tipo del impuesto sobre sociedades para pymes y que se permita a éstas y a los autónomos tributar por el IVA por las facturas efectivamente cobradas.

   Asimismo, apuntó que se plantean tres enmiendas «muy importantes» para eximir de la tributación del IRPF a las indemnizaciones de los trabajadores autónomos dependientes; estudiar la implantación de la jubilación parcial para los trabajadores autónomos y facilitar su acceso al programa temporal de empleo.

   La primera edil hizo hincapié en otra enmienda «de carácter institucional en la que el PP apuesta por un nuevo fondo de liquidez local de 5.000 millones de euros que sustituirá al propuesto por el Gobierno». De esta cifra, Barberá precisó que el 60%, es decir, 3.000 millones, se destinarían al pago de la deuda de proveedores pymes y autónomos.

   Durante el acto, la alcaldesa criticó los presupuestos y los tildó de «mentirosos», al tiempo que acusó al Gobierno central de «pretender que los españoles paguen sus mentiras y despilfarros». También censuró la reducción de un 18% de los fondos que llegan al consistorio valenciano, al tiempo que consideró un «error garrafal» la subida de impuestos que contemplan los PGE.

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