26 de noviembre de 2024
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El Congreso arranca esta semana el debate sobre el decreto ley de medidas laborales de marzo

El Congreso arranca esta semana el debate sobre el decreto ley de medidas laborales de marzo

 La Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso iniciará esta semana el trámite final del proyecto de ley derivado del decreto de medidas urgentes para el fomento del empleo aprobado el pasado mes de marzo, con la celebración el próximo martes de la Ponencia en la que se discutirán por primera vez las 159 enmiendas presentadas al texto.

Este proyecto fue convalidado por el Pleno de la Cámara en marzo, pero su curso legislativo, aprobado por unanimidad, se ha retrasado siete meses por la petición de todos los grupos de hacer comparecer a agentes sociales y sindicatos antes de redactar sus propuestas, que suponen el primer debate sobre la reforma laboral en sede parlamentaria.

Las propuestas no incorporadas por acuerdo de los ponentes en esta primera fase del debate pasarán a debatirse posteriormente en la Comisión, con competencia legislativa plena para su remisión al Senado, un trámite que no tendrá lugar en cualquier caso hasta el mes de noviembre.

Hasta ahora, el principal punto de acuerdo entre los distintos grupos es que la eliminación del periodo de espera para ser beneficiario del subsidio de paro se amplíe al menos un año frente a lo propuesto inicialmente, hasta el 31 de diciembre de 2010, aunque el PP quiere aumentar esta prevención un año más, hasta finales de 2011.

Asimismo, el PSOE confía en recabar apoyos suficientes para añadir al texto, sin necesidad de discusión en Comisión, su idea de que la reposición de las prestaciones consumidas durante varios expedientes de regulación de empleo (ERE) discontinuos sea acumulable, siempre que dichas suspensiones hayan tenido lugar entre el 1 de octubre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, y el despido definitivo entre el 8 de marzo de 2009 y el 31 de diciembre de 2011.

PARO VIA PGE PARA BAJAR COTIZACIONES.

En sus enmiendas, los ‘populares’ plantean que en un plazo de cinco años las prestaciones por desempleo y los subsidios se financien únicamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, medida que a su juicio permitiría rebajar las cotizaciones sociales que abonan las empresas, con el objeto de «avanzar en las recomendaciones del Pacto de Toledo» por las pensiones en lo relativo a la separación de fuentes del sistema de la Seguridad Social.

De esta forma, el Gobierno debería reducir de cara a 2010 al menos un 20% las cotizaciones por desempleo, compensándolo con los créditos presupuestarios correspondientes, y sumar un descenso similar en los cuatro ejercicios siguientes.

«MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD».

Por otro lado, defienden una «mejora de la empleabilidad» mediante la colaboración del sector público y privado que permita a las empresas de trabajo temporal (ETTs) autorizadas por el Servicios Públicos de Empleo Estatal realizar acciones de intermediación laboral y recolocación de parados, por lo que proponen cambiar la legislación para transformarlas en «agencias de colocación global».

En este punto, el PP contará con el respaldo de CiU, quien también reclama que el Gobierno inicie la «regulación de las agencias globales de empleo», al objeto de facilitar la colaboración de la iniciativa privada en las políticas de empleo, desarrollando servicios de intermediación laboral, selección, formación y recolocación de trabajadores que también podrán realizar las empresas de trabajo temporal.

QUE LOS INMIGRANTES APRENDAN CATALAN.

Asimismo, los nacionalistas catalanes abogan también por que la percepción de subsidios de desempleo u otras rentas de carácter no contributivo destinadas a garantizar una renta mínima a las personas en situación de desempleo pueda vincularse a la realización y aprovechamiento de cursos, entre otros, los de aprendizaje de las lenguas oficiales del Estado y de las comunidades autónomas.

Por su parte, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya-Verds quieren extender la reposición del derecho a la prestación por desempleo a todo el periodo de prestación consumido, en lugar del máximo de 120 días actual, y derogar las bonificaciones del 100% a la contratación indefinida de desempleados equivalente de las prestaciones que tengan pendientes.

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