RRHH Digital. El secretario regional de Comisiones Obreras, Javier López, consideró hoy que el problema que vive Caja Madrid requiere un consenso entre las fuerzas políticas y los sindicatos «regionales» sobre la representación de cada uno en la entidad y no sobre el presidente elegido para suceder a Miguel Blesa.
López culpó a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, de la situación de incertidumbre sobre el futuro de Caja Madrid por no haber «pacificado» a todas las partes y haber logrado un consenso. «Por más que desde el ámbito nacional parezca anunciarse que hay un acuerdo en torno a quién preside la caja, a nosotros nos da igual. Nos da igual que la presida Luis de Guindos, Manuel Pizarro, Rodrigo Rato y hasta Ignacio González. Ese no es el problema», opinó López en declaraciones a los medios.
A su juicio, el problema es «cuál es la representación de cada uno de los actores en los órganos de gobierno de acuerdo a unos criterios razonables de representatividad que han sido vulnerados por la ley chapuza de Esperanza Aguirre, lo que está dando origen a una serie de problema que no había vivido la caja hasta estos momentos».
«Nosotros en la caja hemos estado en mayoría o minoría en diversas circunstancias, pero nunca nos hemos sentido agredidos o damnificados porque nuestra posición era fruto de unos acuerdos o unos desacuerdos», explicó, pero en estos momentos lo importante es negociar entre las fuerzas políticas y los sindicatos regionales «cómo se siente cada uno legalmente representado en la caja».
«No que nos pongamos de acuerdo en quién preside la caja, eso da igual, para presidir la caja vale cualquier persona dialogante, sensata, que deposite en los profesionales de la caja su confianza, que sepa leer y escribir y echar las cuentas elementales para saber cómo va una empresa. Hay unos profesionales excelentes en Comunidad», planteó.
Lo que tiene que hacer el presidente, dijo, «es buscar el acuerdo de empresarios, sindicatos, entidades representativas para orientar la labor de los profesionales hacia aquello que más interese a la sociedad en cada momento».
«El problema no es quién preside, sino cómo se siente cada uno legalmente representado en la caja, caso del ayuntamiento de Madrid, del ayuntamiento de Barcelona y de los impositores. Y eso es a lo que hay que hacer frente y debería hacerlo Aguirre cuanto antes, sin más perdidas de tiempo, porque cuanto más tiempo pase, a lo único que asistiremos es a más ceremonias de la confusión», indicó.
En cuanto a que Ferraz y Génova hayan intentado establecer un principio de acuerdo a nivel nacional para la presidencia de Caja Madrid sin contar con los sindicatos, López opinó que responde a los
«nervios y el vértigo ante una situación como la que vive Caja Madrid en estos momentos y a lo largo del último año».
«Creemos que el problema, lo hemos dicho siempre, no es el presidente, creemos que la solución al problema no es si éste, aquél o el otro es el presidente, y se han dado muchísimos nombres para ser presidente de Caja Madrid. Hay un problema de fondo: una ley chapuza elaborada por Esperanza Aguirre pretendiendo hacerse con el control y el poder absouto de la segunda caja de ahorros de España y de la cuarta entidad financiera del país», opinó.
«Creemos y le solicitamos en todo momento a Esperanza Aguirre que buscase un acuerdo de carácter general, no ha conseguido un acuerdo de carácter general y por lo tanto no ha pacificado a todas las partes y ha sembrado la inseguridad jurídica hasta el punto de que ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona haya interpuesto recursos ante la administración judicial para obtener una mayor representación en los órganos de gobierno de Caja Madrid», señaló el responsable sindical.
«Hasta el punto de que existe también un auto judicial que ha paralizado ya de hecho el proceso electoral, un proceso que no puede seguir siendo llevado adelante por la comisión electoral porque cualquier decisión judicial afectaría a todos los grupos representados en el gobierno de la caja», agregó.
Recordó que desde CCOO se ha mantenido una actitud «prudente alentando que se buscase un acuerdo razonable con los ayuntamientos, no sólo de Madrid o Barcelona, porque el origen del problema estriba en el reparto que Aguirre ha hecho de los 64 consejeros que corresponde nombrar a la entidad fundadora que es la Casa Real».
«Esta estableció que esos 64 consejeros deberían repartirse como se había hecho tradicionalmente en la Caja. La ley posterior, aprobada por Esperanza Aguirre, establece un reparto distinto al que había habido siempre de esos 64 consejeros, de manera que prima a la Asamblea de Madrid, a las entidades representativas, en detrimento del sector de impositores, de ahorradores, o en detrimento de los propios ayuntamiento», consideró.
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