La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) consideró ayer necesaria la Ley General de Comunicación Audiovisual aprobada ayer por el Gobierno, pero pidió mejoras porque está «excesivamente influenciada» por los operadores privados y porque atiende más a la liberalización que a la regulación de todo el sector.
En un comunicado, la FeSP aseguró que el proyecto de ley se aleja de los primeros proyectos del 2005, inspirados en el Comité de expertos que el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó para dar satisfacción a las exigencias de sectores de la comunicación, los usuarios y los profesionales de la información.
A su parecer, en los últimos tiempos han aparecido nuevos actores, principalmente operadores privados, que han llegado a «influir decisivamente» en una ley que «más que regular el sector aparece como liberalizadora del mismo».
Según la FeSP, la propuesta del Gobierno no parte de una concepción global de servicio público exigible a todo el sector audiovisual, sino que introduce el principio de «interés general» y limita el servicio público a los medios de titularidad pública, a quienes «impone más obligaciones que derechos.
Así, la Federación de Sindicatos de Periodistas reconoce lo positivo de estar a las puertas de una Ley de la Comunicación Audiovisual, pero alerta de los peligros de consagrar en la ley principios que responden a la rentabilidad económica inmediata de los operadores privados y no a la necesidad ciudadana de un audiovisual entendido como servicio público.
Por este motivo y tras repasar las principales del proyecto de ley, la FeSO adelantó que planteará a los grupos parlamentarios las enmiendas oportunas, de acuerdo con las organizaciones sociales, para que no se desaproveche la oportunidad, largamente esperada, de situar el sector audiovisual al servicio de derechos fundamentales y no del negocio privado.
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